Inmigrantes con TPS preocupados sobre permanencia en EEUU

Washington Hispanic

AP

oé Duarte esperaba ver este año a su familia por primera vez en casi dos décadas, pero sus parientes seguirán esperando el ansiado reencuentro.

Duarte decidió posponer indefinidamente su primer viaje a El Salvador desde que emigró al Norte en el 2000 ante la posibilidad de que el presidente Donald Trump no renueve el estatus migratorio temporal que protege a más de 260.000 salvadoreños en Estados Unidos.

“Con estas políticas que hay ya las ganas de ir allá se quitan porque tienes miedo de no poder entrar”, dijo a The Associated Press el salvadoreño de 40 años que vive con su esposa, hija y nieto en el área de Washington. “Salir puedes, pero entrar… No estás seguro de que puedes entrar”.

Las propuestas restrictivas sobre migración legal e ilegal que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca han causado señales evidentes de temor entre los salvadoreños, 86.000 hondureños y 5.000 nicaragüenses que viven legalmente en Estados Unidos gracias a un estatus migratorio temporal conocido por sus siglas en inglés TPS.

Washington otorga el TPS a ciudadanos de países que sufrieron desastres naturales. Nicaragua y Honduras recibieron la designación en 1999 tras la destrucción causada por el huracán Mitch, y El Salvador ingresó a la lista en 2001 tras una secuencia de terremotos.

La preocupación por perder este beneficio creció recientemente porque el gobierno estadounidense hizo una modificación para el caso de los haitianos: el 22 de mayo se anunció que el TPS se renovaría por seis meses, y no los 18 meses habituales, a los 58.000 haitianos que el país cobija desde el terremoto de 2010.

En cuanto a los centroamericanos, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el secretario John Kelly revisaría las condiciones y consultaría con las agencias correspondientes las fechas de expiración del año entrante. “Cada país se considera de manera individual, caso por caso”, aclaró en un comunicado.

Los críticos del beneficio argumentan que la renovación automática de éste ha propiciado la violación del espíritu de un programa que nació para ayudar a la gente que tuvo que dejar Centroamérica en el pasado debido a guerras civiles y más tarde a causa de desastres naturales.

“Si no lo renuevan, se te viene todo abajo”, dijo Duarte a la AP con el ceño fruncido mientras miraba por la ventana de un restaurante de comida rápida en Silver Spring, Maryland. “Allá (en El Salvador) no hay nada. Allá llegaría de vuelta a cultivar hortalizas”.

Con una ampolla recién abierta en su mano izquierda tras haber plantado una veintena de árboles, Duarte relató al final de su jornada como jardinero que su Metapán natal le recuerda cómo muchas veces intentó infructuosamente saciar el hambre con las hortalizas que cultivaba desde los diez años.

Gracias al TPS, Duarte llegó a ganar hasta 39 dólares por hora durante los 15 años que trabajó como albañil después de que en el 2000 atravesara México, cruzara a pie el desierto de Arizona y se reuniera con su madre en la capital estadounidense. Dolencias en la espalda lo llevaron a retirarse recientemente de la construcción y ahora planea lanzar en junio una empresa de limpieza de casas y oficinas.

Los gobiernos de El Salvador, Nicaragua y Honduras han alegado durante años que no están listos para captar repentinamente a tantas personas y que les afectaría dejar de recibir sus remesas. Sus ciudadanos representan un 80% de los beneficiarios de TPS provenientes de un total de diez naciones.

Al respecto, el canciller salvadoreño Hugo Martínez ha dicho que su gobierno busca una prórroga al TPS o una medida alternativa para que los salvadoreños “gocen de un estatus migratorio regular y estable en Estados Unidos”, sin precisar detalles.

Defensores del TPS alegan que sería cruel repatriar a estas personas después de que ha transcurrido tanto tiempo y cuando sus países de origen continúan enfrentando grandes dificultades. “Hablamos de personas que han creado sus nuevas vidas y han hecho todo en el sistema legal para quedarse aquí”, dijo Julio Calderón, un activista hondureño que reside en el sur de Florida y cuyos padres tienen TPS.

Cecilia Menjvar, una profesora de sociología en University of Kansas que ha estudiado a la comunidad, dijo que el 90% de las personas con TPS integran la fuerza laboral y muchos han creado empresas. “Ellos harán lo que sea para pagar impuestos porque eso demuestra al gobierno que son buenas personas”, señaló.

Entre los sectores opuestos al TPS, que alegan que el gobierno federal ha convertido en permanente un beneficio que fue concebido originalmente como una solución temporal, está el congresista republicano por Alabama Mo Brooks, quien presentó esta semana un proyecto de ley que busca traspasar del Ejecutivo al Legislativo la autoridad para conceder y renovar TPS.

La iniciativa “busca garantizar que ‘temporal’ signifique temporal al establecer límites de tiempo claros y al crear parámetros reglamentarios que deben cumplirse para obtener el TPS”, dijo Brooks. “Esta legislación brinda la reforma necesaria para lo que se ha convertido en una amnistía de vieja data”.

A pesar de la preocupación, la comunidad salvadoreña tiene la esperanza de que el Departamento de Seguridad Nacional no solo renueve el TPS cuando expire en marzo de 2018, sino que además lo reemplace por una residencia permanente que al cabo de cinco años permita la naturalización.

“Es importante que el gobierno siga renovando el TPS”, dijo la empresaria salvadoreña de 47 años Nancy Vásquez en un restaurante de comida rápida en Rockville, Maryland. “Pero sería bueno que mejor nos dé una residencia permanente con camino a la ciudadanía. Eso es lo que nosotros deseamos, que ya nos dé algo más seguro, sin tener que renovar cada 18 meses”.

Gracias al TPS, Vásquez ha podido comprar casa propia, visitar dos veces su país y ser dueña del camión desde el que cada día vende comida a albañiles en varios puntos del sur de Maryland.

Vásquez vino a Estados Unidos en 1999 como turista con la intención de persuadir a su esposo de que volviera junto a ella a El Salvador, pero ante la negativa de él decidió quedarse. Actualmente divorciada y con una hija estadounidense de 11 años, Vásquez busca ahora obtener una licencia de electricista para dejar la venta de comida, deseosa de alivio para el dolor de ciática y la hinchazón en los tobillos que le producen las largas horas sin sentarse.

La comunidad de salvadoreños que cuenta con TPS planea celebrar una asamblea nacional en Washington a mediados de año en la que afinarán planes para promover los beneficios de renovar el beneficio migratorio.

Vásquez dice estar optimista sobre permanecer en Estados Unidos con el TPS, pero asegura que de no ocurrir entonces vendería sus propiedades y lanzaría una empresa en su país natal.

“Si me voy, sé que salgo adelante allá. Hay que hallarle el lado bueno a todas las cosas y saber vivir donde a uno le toque vivir”, indicó.