Algunas escuelas de Virginia siguen la aplicación de la ley de inmigración
Ahora que la administración del presidente Donald Trump revirtió una política de una década que aconsejaba a los agentes de inmigración evitar “lugares sensibles” como escuelas, hospitales e iglesias, algunos sistemas escolares locales están compartiendo orientación sobre lo que eso significa para ellos.
La semana pasada, Carey Wright, superintendente de escuelas del estado de Maryland, envió una guía sobre cómo los 24 sistemas escolares del estado deberían responder a la llegada de agencias federales de inmigración a los campus. Ahora, algunos sistemas escolares de Virginia están siguiendo su ejemplo.
Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax dijeron que están siguiendo una ley establecida cuando se trata de preguntas sobre estudiantes inmigrantes.
En una carta a la comunidad en general , la superintendente Michelle Reid dijo que continúan cumpliendo con la ley, incluida la decisión de la Corte Suprema de 1982 en Plyler v. Doe, que estableció que todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a una educación pública.
También citó la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia de 1974, que prohíbe a las escuelas recopilar información sobre el estatus migratorio de los estudiantes o las familias.
“Tenemos planes claros para responder a las cambiantes políticas federales y nuestros directores han recibido instrucciones claras de mi parte sobre la respuesta esperada en caso de que un agente de la ley federal llegue a una escuela”, dijo Reid en la carta. “Mientras sigamos cumpliendo la ley, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a nuestros estudiantes y personal”.
La guía publicada en línea de las escuelas del condado de Prince William decía que los agentes de inmigración o las fuerzas del orden deben “proporcionar una justificación legal y esperar la aprobación de PWCS para proteger los derechos de los estudiantes y el personal” si desean acceder a las escuelas.
PWCS también reafirmó su compromiso con la ley establecida por Plyler v. Doe, diciendo que deben educar a todos los estudiantes independientemente de su estatus migratorio.
