Oenegés tildan de «propaganda» penas de hasta mil años contra pandilleros en El Salvador
Organizaciones humanitarias criticaron este lunes las sentencias de hasta mil años de prisión contra casi 250 pandilleros en El Salvador, al considerarlas una operación de «propaganda» del presidente Nayib Bukele para mostrar severidad.
La pena máxima de cárcel en El Salvador es de 60 años, por lo que el descomunal monto de las condenas anunciadas el domingo en la práctica es simbólico, según activistas consultados por la AFP.
«Ver condenas de miles de años es más propaganda que otra cosa, pues en el país no existe la cadena perpetua, y le sirve al gobierno para decirle al mundo que acá la ley es dura», dijo desde el exilio Ingrid Escobar, directora de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario.
La Fiscalía General, afín al gobierno, informó el domingo que 248 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron sentenciados a penas de varios siglos de prisión tras ser culpados de 43 homicidios y 42 desapariciones de personas.
Uno de los miembros de esa pandilla, designada como «terrorista» por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados, respectivamente, a entre 463 y 958 años.
«Esas condenas milenarias son un show del gobierno en medio del dolor de muchos inocentes que siguen presos. Hemos llegado al tiempo en que la justicia es obediente y no justa», señaló por su parte Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).
La AFP consultó este lunes a la Fiscalía si las sentencias forman parte de juicios colectivos contra señalados pandilleros, pero hasta el momento no había obtenido respuesta. Tampoco se ha informado cuándo fueron emitidos los fallos.
– Sentencias «a la carta» –
Desde marzo de 2022, el gobierno de Bukele emprendió una «guerra» contra las pandillas MS-13 y Barrio 18, amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Esa ofensiva redujo los homicidios a niveles históricos, pero ha derivado en abusos, según grupos de derechos humanos.
De las más de 90.000 personas capturadas, unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.
«Hay miles de personas (encarceladas) sin vínculos con pandillas», aseguró Ramírez.
En tanto, Escobar dijo que su organización ha «documentado» la muerte de unas 470 personas en prisión durante el régimen de excepción, muchas de ellas bajo circunstancias «poco claras».
Escobar se exilió a mediados de este año, al igual que otros defensores de derechos humanos y periodistas, que denunciaron una «escalada represiva» de Bukele contra sus críticos.
Las condenas anunciadas el domingo abarcan crímenes cometidos entre 2014 y 2022, tales como el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, además de casos de extorsión y tráfico de drogas.
Los pandilleros «crearon bases en diferentes sectores» de la provincia de La Libertad para «planificar» extorsiones a comerciantes bajo amenaza de asesinarlos, indicó la Fiscalía.
Ramírez comparte que se aplique la ley a los delincuentes, pero puso en duda que las sentencias hayan cumplido con el «debido proceso».
«El sistema de justicia deja mucho que desear (…) porque se dictan sentencias a la carta, a lo que el presidente (Bukele) quiere, y lo que él quiere es mantener contenta a la población mostrándose duro con los delincuentes», apuntó el titular de la privada Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro.
– Impacto regional –
Pese a las críticas, otros presidentes de la región han adoptado o se plantean implementar medidas similares a las de Bukele, quien goza de alta popularidad, para someter a las violentas pandillas.
La presidenta de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro, aplicó un estado de excepción, mientras el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad en su país, proyecta construir una prisión similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel salvadoreña símbolo del combate a los pandilleros.
