México quiere ser quien juzgue a sus funcionarios corruptos
AP
Washington Hispanic:
México anunció el jueves que ya no permitirá que sus funcionarios acusados de corrupción sean enjuiciados en Estados Unidos, una medida que podría poner fin a una tradición de varias décadas en la que la mayoría de casos prominentes de narcotráfico y corrupción del país latinoamericano terminaban en los tribunales al norte de su frontera.
Sin embargo, no estaban claros todavía los alcances de la nueva política y las autoridades dejaron entrever que podrían continuar algunas extradiciones.
Las autoridades de Estados Unidos no comentaron de momento la explosiva declaración mexicana, pero fue emitida un día después de que Estados Unidos desechara un destacado caso contra el exsecretario mexicano de la Defensa Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
El anuncio deja entrever que las repercusiones del arresto del general retirado, que enfureció a México cuando el Departamento de Justicia lo anunció el mes pasado, son más amplias de lo que se sabía anteriormente.
“Quienes resultan responsables de acuerdo a nuestras leyes, serán procesados, juzgados y en su caso sentenciados en México y no en otros países y esa es la base que se ha alentado este acuerdo”, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. “Es lo que se ha convenido, lo que se ha conversado, y lo que se ha sostenido con las autoridades de los Estados Unidos”.
Las autoridades estadounidenses no han dejado entrever que el acuerdo iba más allá del caso Cienfuegos, y la Casa Blanca no respondió a preguntas sobre el asunto o las declaraciones del jueves de Ebrard.
La declaración de Ebrard no es clara en cuanto a si México continuará extraditando a acusados de narcotráfico para que enfrenten cargos en tribunales de Estados Unidos, como se ha hecho antes, o si solo se refería a funcionarios acusados de colaborar con grupos narcotraficantes.
El martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó el retiro de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el general Cienfuegos, que fue devuelto a México en aras de conservar la cooperación transfronteriza. La decisión tuvo lugar después de que según varios medios, México había amenazado con expulsar al director regional y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el jueves esas versiones: “No amenazamos a nadie, lo único que hicimos fue expresar nuestra inconformidad”.
“No amenazamos nosotros de expulsar a los agentes. Dijimos que queremos que se nos informe y que se respete los acuerdos de cooperación”, agregó.
Sobre el caso, López Obrador dijo que “es una gran injusticia juzgar a inocentes”.
“No se puede permitir que agencias del extranjero juzguen a mexicanos si no hay pruebas”, afirmó el presidente, que describió el caso como un asunto de soberanía nacional. “No porque se trata de agencias o instancias de justicia de otros países que ellos son los poseedores de la rectitud y la justicia”.
Cienfuegos fue regresado el miércoles a México y quedó en libertad.
Ebrard afirmó que la investigación sobre Cienfuegos estará “a la altura del prestigio de México y la dignidad de nuestro país”.
Sin embargo, todo el proceso de notificar a Cienfuegos sobre la investigación y el proceso para regresarlo al país duró apenas media hora, mucho menos de lo que tarda un viajero promedio para pasar por aduanas e inmigración.
Al parecer Ebrard está consciente del daño que causaría a la reputación de México si los fiscales mexicanos, como muchos esperan, no presentan sus propios cargos contra Cienfuegos.
“Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversación con los Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un exsecretario, en este caso de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada”, afirmó Ebrard. “Eso sería casi suicida”.
Se desconoce el alcance total de la presión de México y las autoridades respondieron con vaguedades al por qué retiraron los cargos en un caso que habían presentado como un gran logro apenas el mes pasado, cuando agentes federales capturaron al general retirado en Los Ángeles.
Dos funcionarios, uno mexicano y otro estadounidense, dijeron que la estrategia de México incluyó amenazar con expulsar al director regional y los agentes de la DEA a menos de que Estados Unidos desestimara el caso, pero dijeron que eso fue sólo parte de la negociación. No abundaron en detalles.
Los funcionarios solicitaron no ser identificados porque no estaban autorizados a hacer declaraciones públicas sobre el caso.
Una jueza en la Ciudad de Nueva York aceptó desestimar el miércoles los cargos, en un veloz giro de un caso que suscitó fuertes protestas de altos funcionarios en México y amenazó con dañar la delicada relación que permite a investigadores de ambos países perseguir juntos a jefes del narcotráfico.
Cienfuegos, de 72 años, fue acusado formalmente en secreto por un jurado investigador federal en 2019 en Nueva York. Fue acusado de confabulación con el cártel H-2 en México para contrabandear miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana cuando fue secretario de la Defensa de 2012 a 2018.
Según la fiscalía, mensajes interceptados mostraron que Cienfuegos aceptó sobornos a cambio de garantizar que el ejército no combatiera al cártel y que se emprendieran operaciones contra grupos delictivos rivales. También se le acusó de presentar a jefes del cartel a otras autoridades mexicanas corruptas.
Las autoridades mexicanas se quejaron de que Estados Unidos no compartió pruebas contra Cienfuegos y que su arresto causó sorpresa. También suscitó alarma al interior de las fuerzas armadas de México, que han tenido un papel crucial en la lucha contra los cárteles del narcotráfico.
México presentó el caso como una victoria de la soberanía del país, así como su demanda de que Estados Unidos lo trate como un socio igualitario, una postura sorprendente debido a que la mayoría piensa que el sistema judicial mexicano y autoridades corruptas— son los eslabones más débiles del país en la lucha contra el narcotráfico.
