Fiscal Guatemala: presidente no apoya lucha anticorrupción
Washington Hispanic
AP
La principal fiscal de Guatemala dijo el lunes que el presidente Jimmy Morales está lejos de ser un colaborador en el combate de la corrupción y expresó su preocupación por la nueva elección de la directiva del Congreso, cuyos miembros son acusados de buscar cambiar las leyes para cubrirse de inmunidad.
“Yo no veo al presidente de la República como un aliado en la lucha contra la corrupción”, dijo la fiscal Thelma Aldana a los periodistas durante una actividad para evaluar el trabajo de los fiscales y luego de la entrega del segundo informe de gobierno por parte de Morales y la escogencia de la nueva junta directiva del Congreso el fin de semana.
Aldana recordó que Morales expulsó el año pasado al comisionado Iván Velásquez, quien dirige la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, luego de que éste acusara al mandatario de presuntos delitos de financiamiento electoral ilícito.
La lucha contra la corrupción, según la fiscal, es irreversible y “va más allá de los discursos”.
Aldana llamó la atención por la elección de la nueva junta directiva del Congreso el sábado. Resulta que la cámara deberá elegir su reemplazo este año.
Analistas y medios de comunicación denunciaron un pacto entre políticos y diputados en esa elección, en que se impuso una planilla única presidida por Álvaro Arzú Escobar, hijo homónimo del alcalde capitalino y expresidente de Guatemala (1996-2000), quien es investigado por varios delitos de corrupción durante su gestión y de quien se ha pedido el retiro de su inmunidad.
Arzú es el único diputado de su partido (Unionista) electo al Congreso, con bancadas de más de 30 integrantes, lo que generó desconfianza en la forma de cómo logró ser presidente de ese organismo.
En sus primeras declaraciones, Arzú prometió trabajar de la mano con la sociedad guatemalteca aunque advirtió que no legislarán a base de presiones.
Morales tiene dos solicitudes de retiro de inmunidad a raíz de los señalamientos en su contra por presunto financiamiento electoral ilícito y por haber recibido un sobresueldo de 61.000 dólares durante nueve meses del ejército. Sin embargo, una de las solicitudes fue archivada por el Congreso y la otra fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia e impugnada. Está pendiente a una resolución de la Corte de Constitucionalidad.
