Denuncian en OEA presuntos abusos del gobierno venezolano
AP
Washington Hispanic
arios abogados venezolanos acusaron el lunes en la OEA al gobierno del presidente Nicolás Maduro de ejercer una influencia desmedida sobre el poder judicial y legislativo a través de amenazas, encarcelamientos y golpizas a jueces y diputados.
Los abogados comparecieron ante tres expertos internacionales designados por el secretario general del organismo, Luis Almagro, para evaluar si la situación de derechos humanos en Venezuela merece ser remitida a la Corte Penal Internacional (CPI).
El diputado opositor Armando Armas denunció que hasta la fecha no se ha abierto investigación alguna ni se han practicado arrestos relacionados a las lesiones que él y otros sufrieron en julio cuando unos 200 presuntos seguidores de Maduro tomaron por la fuerza la Asamblea Nacional y atacaron con tubos a congresistas y empleados. Armas, quien sufrió ese día traumatismo craneal, señaló que legisladores han sufrido al menos 215 agresiones físicas desde que la oposición obtuvo la mayoría legislativa en los comicios legislativos de diciembre de 2015. Indicó además que llevan dos años sin cobrar sueldo.
Pedro Troconis, uno de los dieciocho abogados opositores que la semana pasada se reunieron en la capital estadounidense para instalar lo que ellos denominan un tribunal supremo de justicia en el exilio, dijo que Maduro pidió por televisión su encarcelamiento y congelamiento de sus bienes.
El llamado tribunal supremo de justicia en el exilio está conformado por 18 de los 33 abogados a los que la mayoría opositora del Congreso de Venezuela designó en julio como magistrados del máximo tribunal de la nación. Maduro los acusó de usurpación de funciones públicas, pero los 33 aseguran ser legítimos.
“En Venezuela reina una impunidad sistemática por ausencia de justicia. No puede impartir justicia quien no tiene facultad para ejercerla”, señaló. “Y los que debemos ejercerla debimos salir del país por la persecución constante de Maduro”.
La exjueza de control, Ralenis Tovar, relató vía Skype desde Canadá que sus superiores y funcionarios de diversos cuerpos judiciales la amedrentaron en 2014 para que autorizara el encarcelamiento del dirigente opositor Leopoldo López.
“Yo era madre soltera en ese momento. Me aterré de quedar presa. Me escoltaron hasta mi casa y eso me llevó a firmar la orden de aprehensión” contra López, condenado poco después a casi catorce años de prisión en 2015 por encabezar manifestaciones contra el gobierno.
Por su parte, el exdiplomático venezolano Isaías Medina acusó a Maduro de incurrir en delitos de lesa humanidad porque ha provocado la muerte de miles de personas al ignorar la existencia de una crisis humanitaria solo para mantenerse en el poder. Medina renunció en julio como consejero en la delegación de Venezuela ante la ONU en protesta por la represión contra las manifestaciones que sacudieron a la nación caribeña durante cuatro meses.
Hasta el momento el gobierno de Maduro se ha negado a abrir un canal humanitario alegando que no es necesario, pese la aguda escasez de alimentos y medicinas que aqueja a los venezolanos.
Los testimonios ocurrieron durante la tercera de varias audiencias públicas coordinadas por el exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo en la sede la OEA.
Los tres expertos —el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el argentino Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; e Irwin Cotler, exministro de Justicia y exfiscal General de Canadá— presentarán a Almagro un informe con sus conclusiones. Si éste concluyera que en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad, Almagro podría remitir el documento a la CPI o gestionar que alguno de los 28 países miembros de la OEA que reconoce la autoridad de ese tribunal eleve el caso.
La CPI, gobernada por un tratado internacional llamado Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Venezuela, que en abril inició un trámite de dos años para abandonar la OEA, se opone a la celebración de estas audiencias por considerar que no corresponden a la misión del organismo hemisférico.
