Corte salvadoreña ordena proteger víctimas de desplazamiento
AP
Washington Hispanic
a Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó el miércoles que se adopten medidas para proteger a las familias que por amenazas de las pandillas han tenido que abandonar sus hogares.
La Sala de lo Constitucional de la Corte admitió dos demandas de amparo presentadas por familias acosadas por pandillas, por la posible vulneración de sus derechos a la seguridad material, protección familiar, libertad de circulación y propiedad.
En ambas demandas se expuso que ni la Fiscalía General, ni la Policía Nacional Civil, ni la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos del Sector Justicia activaron las medidas de protección ordinarias y extraordinarias establecidas en la Ley de Especial Para la Protección de Víctimas y Testigos.
En su resolución, la Sala ordena a la Fiscalía y a la Policía que adopten las medidas pertinentes para asegurar la integridad personal y la seguridad de los demandantes respecto a las amenazas en su contra por parte de las pandillas, así como judicializar a los responsables de los delitos denunciados por las víctimas.
Además ordena a la Fiscalía y a la Policía, garantizar la seguridad para que estas familias “puedan retornar a su domicilio a efectos de recuperar los bienes materiales respectivos que se encuentran ahí y que no han podido recuperar por las amenazas sufridas”.
La Sala también ordena como medida de protección omitir la identidad de los demandantes, la reserva del caso y restringir el acceso al expediente judicial al público en general.
La resolución se produce días después que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zaid Ra´ad Al Hussein, declara al concluir una visita oficial al país que “los altos niveles de violencia han afectado seriamente las vidas de las personas y noté como la violencia está escalando el desplazamiento forzado dentro de El Salvador y la migración”.
El funcionario de la ONU agregó que “para poder enfrentar de forma completa este problema creciente, el gobierno necesita reconocer que está sucediendo”.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, respondió que el gobierno sí reconoce los desplazamientos forzados, pero dijo a los periodistas que no aceptan que la violencia sea la única causa para el desplazamiento.
“En el país la movilidad de personas es multicausal, no podemos decir que todas sean a causa de la violencia”, afirmó.
