Chile ofrece la nacionalidad a despatriados nicaragüenses
El gobierno de Chile ofreció la nacionalidad chilena a los más de 300 nicaragüenses despojados de su nacionalidad por el gobierno de Daniel Ortega, informó la Cancillería en un comunicado el martes.
Chile dispondrá “los medios legales necesarios” para ofrecer a las más de trescientas personas nicaragüenses calificadas como opositores políticos, “la debida protección internacional que les permita residen en el país y obtener la nacionalidad chilena”, siguiendo las normas del país.
El país sudamericano plantea así una alternativa “para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua” y decidan aceptarla voluntariamente.
El comunicado señala que la historia de Chile ha demostrado que “la defensa de la democracia y derechos humanos y la solidaridad internacional entre pueblos transciende coyunturas políticas”.
El gobierno de Nicaragua declaró el miércoles “traidores a la patria” a 94 opositores y críticos, entre ellos, los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como periodistas y defensores de derechos humanos, a quienes les retiró la nacionalidad y ordenó confiscarles sus bienes inmuebles.
El hecho ocurrió apenas días después de la excarcelación y destierro de 222 opositores presos, que fueron enviados a Estados Unidos en un avión facilitado por el gobierno de Joe Biden.
El de Boric fue el primer gobierno de izquierda latinoamericano y uno de los pocos en condenar el actuar de Ortega, a quién no dudo en calificar como dictador.
“Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense”, tuiteó el mandatario el sábado en referencia a los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, la activista feminista Sofia Montenegro y el periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios.
“No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. No están solos!”, continuó Boric.
Días antes la canciller chilena Antonia Urrejola había calificado el régimen de Ortega como una “dictadura totalitaria” que persigue cualquier tipo de disidencia.
Entre los 94 señalados, a los que también se les declaró prófugos de la justicia, figuran además la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la exguerrillera Mónica Baltodano y su familia, y el excomandante sandinista Luis Carrión.
También, el obispo católico Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román, ambos exiliados en Miami, la líder campesina Francisca Ramírez, el disidente exembajador ante la OEA, Arturo McFields, el excanciller Norman Caldera y el exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, que abandonó Nicaragua tras las protestas sociales de 2018.
