Juez presiona para que se resuelva la demanda sobre el acceso legal al ‘Alcatraz de los Caimanes’
Un juez federal de Florida está presionando para que se resuelva una demanda sobre si los detenidos en un centro de inmigración en los Everglades de Florida conocido como “Alcatraz de los Caimanes” están teniendo acceso adecuado a abogados.
La jueza federal de distrito Sheri Polster Chappell ordenó el viernes pasado una conferencia de dos días que se celebrará el próximo mes en su sala de audiencias de Fort Myers, con la presencia de los abogados facultados para llegar a un acuerdo. La jueza solicitó información actualizada en la audiencia del próximo lunes.
“El tribunal no aceptará excusas relacionadas con la salida anticipada para vuelos u otras reuniones”, escribió el juez sobre la conferencia del próximo mes.
La demanda presentada por los detenidos contra los gobiernos federal y estatal por el acceso legal es uno de los tres casos federales que impugnan las prácticas en el centro de detención de inmigrantes que fue construido este verano en una pista de aterrizaje remota en los Everglades de Florida por la administración del gobernador republicano Ron DeSantis.
En otra demanda ambiental, un panel de la corte federal de apelaciones permitió en septiembre que el centro continuara operando, al suspender una orden judicial preliminar de un tribunal inferior que exigía el cierre de las instalaciones para finales de octubre. La apelación se suspendió durante el cierre del gobierno, pero se reanudó la semana pasada.
Una tercera demanda alega que la inmigración es un asunto federal y que las agencias de Florida y los contratistas privados contratados por el estado no tienen autoridad para operar las instalaciones.
El presidente Donald Trump visitó las instalaciones en julio y sugirió que podrían servir de modelo para futuros centros de detención en todo el país, en el marco de los esfuerzos de su administración por ampliar la infraestructura necesaria para incrementar las deportaciones. Si bien el centro fue construido y operado por el estado y sus contratistas privados, las autoridades federales aprobaron el reembolso de 608 millones de dólares a Florida.
En el caso del acceso legal, los abogados que representan a los detenidos en el centro de detención de los Everglades buscan una orden judicial preliminar que facilite a sus clientes reunirse y comunicarse con sus abogados individuales.
Alegan que los abogados de los detenidos deben concertar una cita para visitarlos con tres días de antelación, a diferencia de otros centros de detención donde los abogados pueden simplemente presentarse durante el horario de visitas; que los detenidos a menudo son trasladados a otros centros después de que sus abogados hayan concertado una cita para verlos; y que las demoras en la programación han sido tan prolongadas que los detenidos no pueden reunirse con sus abogados antes de plazos clave.
En una moción para desestimar el caso, las autoridades de Florida argumentaron que este carece de fundamento, ya que las preocupaciones iniciales planteadas por los detenidos y sus abogados han sido atendidas. Añadieron que cualquier retraso se debió a la construcción de un centro para miles de detenidos en una zona remota con escasa infraestructura.
“En otras palabras, ya no existe ninguna controversia vigente”, afirmaron los funcionarios de Florida en su presentación judicial.
