Corte suprema examina caso sensible sobre píldora abortiva
La corte suprema de Estados Unidos examinará este martes un caso sensible sobre la píldora abortiva, que podría restringir su acceso y menoscabar la autoridad del regulador sanitario FDA, con consecuencias imprevisibles, según expertos.
Si bien el caso trata específicamente sobre la mifepristona -fármaco utilizado en casi dos tercios de los abortos-, una decisión más amplia del tribunal podría poner en riesgo el acceso a otros medicamentos que se usan para tratar diferentes enfermedades, coinciden especialistas consultados por la AFP.
La píldora mifepristona, autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en el 2000, es considerada segura y se receta en decenas de países.
La FDA flexibilizó algunas normas sobre su distribución en 2016: autorizó su prescripción hasta la décima semana de embarazo (antes era hasta la séptima), permitió que enfermeras y otros profesionales de la salud lo recetaran, además de los médicos, y redujo de tres a sólo una la cantidad de consultas previas para acceder al medicamento.
Luego, durante la pandemia de covid, el organismo autorizó las consultas en línea y el envío de las pastillas por correo.
Pero tras una demanda presentada por un grupo de médicos y organizaciones anti-aborto, que alegaron que la píldora es insegura y su proceso de aprobación presenta fallas, un tribunal de apelaciones ordenó el año pasado volver a los estándares previos a 2016.
Esta decisión quedó en suspenso, a la espera de que la corte suprema analice el caso. El fallo debe conocerse dentro de algunos meses.
«Es inapropiado que un juez cuestione una decisión técnica de la FDA, no tiene precedentes, y es extremadamente peligroso», dijo a la AFP Liz Borkowski, experta en salud pública y salud de la mujer en la Universidad George Washington.
«Puede que empiecen a surgir juicios frívolos contra todo tipo de fármacos que se han estado usando de forma segura durante años», incluyendo anticonceptivos, vacunas o terapias hormonales, por el simple hecho de que algunas organizaciones se oponen a ellos, agregó.
– Jueces vs. científicos –
Desde su creación, la FDA se encarga de determinar la seguridad y eficacia de nuevos medicamentos, en un meticuloso proceso de regulación y revisión para el que suele consultar a expertos independientes. Y sus decisiones sirven de referencia para otros países.
La justicia ha cuestionado algunas decisiones de la FDA en el pasado, especialmente sobre patentes, afirma el abogado Lewis Grossman, que presentó un informe ante la corte suprema en el caso.
Pero «imponer restricciones a la disponibilidad de un medicamento basándose en discrepancias con los especialistas científicos de la FDA», sería algo «sin precedentes».
«Interpretar la ciencia», dijo, no es «una tarea de la justicia».
Los demandantes anti-aborto argumentan que al revisar las reglas en 2016, la FDA debería haber evaluado el impacto de implementar todos los cambios al mismo tiempo, un enfoque que según Grossman es «un invento».
«Hay décadas de evidencia sobre la seguridad y la eficacia de la mifepristona», añadió Borkowski.
«Si la mifepristona no puede seguir en el mercado, con toda la evidencia que tenemos sobre ella, entonces ningún medicamento es seguro», agregó.
– Farmacéuticas y expertos se preocupan –
La industria farmacéutica se opone tajantemente a que la justicia intervenga en el asunto.
Si se confirma la decisión del tribunal de apelaciones, esto traería «un nivel intolerable de incertidumbre al proceso de aprobación de los medicamentos», afirmaron decenas de empresas farmacéuticas en un informe presentado a la corte.
Y eso, según el escrito, provocaría un «debilitamiento del desarrollo de medicamentos y de las inversiones, y paralizaría la innovación».
La decisión podría incluso abrir la puerta para que los laboratorios acudan a la justicia para intentar bloquear a sus competidores y quedarse con el monopolio en algunos tratamientos, sostienen expertos.
Para Borkowski, la corte suprema debería posicionarse con firmeza en la dirección opuesta, dejando claro que «nunca está bien que jueces se inmiscuyan en la ciencia».
Pero admite que le preocupa el resultado, dado el historial reciente de decisiones conservadoras en la corte.
En especial, la anulación de un fallo que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto, que dio a cada estado la libertad de legislar al respecto.
Desde entonces, unos 15 estados gobernados por lo republicanos prohibieron la interrupción voluntaria del embarazo.
