Grupos defensores de los inmigrantes presentaron una demanda por daños y perjuicios este miércoles, en favor de 18 personas presuntamente sometidas a brutalidad policial y detenidas ilegalmente en una redada realizada por agentes federales en Chicago, durante la polémica Operación Midway Blitz.
Cada demandante, entre los cuales hay una cantidad de inmigrantes venezolanos no especificada, exige al gobierno federal el pago de una compensación de cinco millones de dólares por daños sufridos durante una redada ocurrida en septiembre pasado en un edificio por parte de decenas de agentes camuflados, transportados por helicópteros.
Según la demanda, los agentes derribaron puertas sin contar con órdenes judiciales y detuvieron a adultos y niños por igual, manteniéndolos a punta de pistola. Las quejas describen cómo a plena noche los individuos fueron retenidos bajo amenaza armada, golpeados con fusiles y obligados a salir al exterior con escasa o nula vestimenta.
La mayoría de los afectados eran ciudadanos estadounidenses afroamericanos, y en el edificio residían algunos indocumentados venezolanos, que fueron detenidos durante la redada. Las autoridades dijeron en ese momento que se sospechaba la presencia de integrantes de la pandilla Tren de Aragua en el edificio, lo que luego no se confirmó.
Según una investigación del Departamento de Derechos Humanos de Illinois, habría sido el propietario del complejo residencial quien propició la redada al informar al gobierno federal que allí vivían inmigrantes venezolanos.
La redada, que fue dirigida por el entonces comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, constituyó uno de los episodios más impactantes de la operación migratoria realizada por la Administración Trump en Chicago y zonas suburbanas.
"Esta redada figura entre las acciones más aborrecibles de la Operación Midway Blitz, la cual forma parte de la campaña militarizada de la actual administración dirigida contra las comunidades de color en ciudades de todo el país", dijo en un comunicado Susana Sandoval Vargas, del Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (MALDEF), uno de los grupos patrocinantes de la demanda. Otros demandante son el Centro de Justicia MacArthur, la Clínica de Inmigración de la Universidad de Chicago y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
La administración Trump justificó el operativo alegando que se perseguía a personas que representaban un riesgo para la seguridad pública, pero luego no se presentaron cargos penales contra ninguna persona en relación con la redada.
La documentación presentada alega además que "en medio del caos, un equipo de filmación contratado por el Departamento de Seguridad Nacional, acompañado de drones, siguió a los agentes y grabó la operación que luego fue difundida en las cuentas de redes sociales del DHS a modo de contenido promocional".
Las imágenes del operativo fueron acompañadas de música instrumental, el sonido de los helicópteros y haces de luz de focos que iluminaban el edificio.
