Una orden federal busca aumentar significativamente la capacidad del centro de detención de ICE propuesto en Arizona
Según documentos estatales, una antigua prisión en Marana, destinada a convertirse en un centro de detención de inmigrantes, tiene capacidad para 513 personas. Sin embargo, una orden de adquisición emitida por el gobierno federal busca aumentar esa capacidad a 775.
Se trata de un cambio que, según los defensores locales, sería devastador para las personas detenidas.
“No hay manera de aumentar la población en esa cantidad de forma ética”, dijo la abogada de inmigración Daniela Ugaz, quien dirige el equipo de investigación legal de Pima Resists ICE, un grupo creado específicamente para resistir el centro de detención.
“Como abogado de inmigración, he trabajado mucho en estos centros de detención y he visto que cuando aumenta la población, también aumentan los abusos, la devastación, la negligencia médica que provoca muertes y los problemas de seguridad.”
El 25 de febrero, el gobierno federal compartió un memorando de contratación para la empresa que gestionará el centro de detención de Marana durante dos años.
El edificio, que anteriormente albergaba una prisión estatal, es propiedad de la empresa privada de gestión penitenciaria Management and Training Corporation (MTC), que lo compró al estado en 2025. MTC había gestionado previamente una prisión de mínima seguridad en el edificio hasta 2023.
Aunque no se ha llegado a un acuerdo definitivo, la orden de contratación federal nombra a MTC como el operador con más probabilidades de gestionar el centro de detención de inmigrantes: «Management & Training Corporation es el único propietario y operador del centro de detención de Marana que cumple con los requisitos del ICE en el plazo establecido».
La capacidad del centro de detención de Marana es de 513 personas , según un comunicado de prensa de 2023 de la oficina del gobernador sobre la venta de la prisión estatal, así como documentos de auditoría estatal de las instalaciones cuando funcionaban como prisión.
Sin embargo, la orden de adquisición exige que las instalaciones de Marana estén preparadas para albergar a 775 detenidos.
En un comunicado enviado a Arizona Luminaria, MTC afirmó que la empresa cuenta con una larga trayectoria de colaboración con líderes locales, empresas y residentes para ser un socio sólido de la comunidad.
“Si se llega a un acuerdo, nuestro objetivo seguirá siendo recuperar buenos empleos locales, apoyar la economía de Marana y operar las instalaciones con altos estándares de seguridad, profesionalismo y dignidad.”
MTC no respondió a la pregunta de Arizona Luminaria sobre la capacidad del edificio.
El municipio de Marana ha declarado que, dado que el estado era propietario de las instalaciones y el terreno ya estaba zonificado para ser una prisión, no se requería ninguna aprobación local para que la venta siguiera adelante.
Vic Hathaway, gerente de comunicaciones del municipio de Marana, declaró a Arizona Luminaria que Marana no era parte del acuerdo entre el gobierno federal y MTC, pero que mantenía una relación laboral de larga data con la empresa.
“MTC operó anteriormente un centro de detención en este lugar durante muchos años, periodo en el que el municipio mantuvo una relación profesional y de cooperación. Nos hemos comunicado con MTC y nos han asegurado que están dispuestos a reunirse con el municipio y los residentes para abordar las inquietudes y responder a las preguntas si el acuerdo sigue adelante. Por el momento, los detalles no se han finalizado”, declaró Hathaway.
Este verano, el Congreso aprobó 45.000 millones de dólares para la detención de inmigrantes , lo que forma parte de un aumento del gasto en la aplicación de las leyes de inmigración que, según los expertos, ha incrementado significativamente el aparato de control migratorio de Estados Unidos.
“El DHS/ICE necesita aumentar la capacidad de camas para cumplir con los objetivos de la administración en materia de control interno y descongestión fronteriza”, reza el aviso de contratación.
Esto ocurre en un contexto en el que los centros de detención de inmigrantes en todo el país registraron el mayor número de muertes bajo custodia en el año fiscal 2025 que en cualquier otro año desde 2004.
Grupos locales han manifestado su preocupación por las consecuencias que tendría una expansión de la inmigración para sus comunidades.
Según los defensores de los derechos de los pacientes, las condiciones dentro de los centros de detención son motivo de especial preocupación.
“A pesar del crecimiento explosivo de la detención de inmigrantes en los últimos años, no existen regulaciones ni normas de obligado cumplimiento con respecto a las condiciones de detención, incluyendo tratamiento médico, atención de salud mental, servicios religiosos, traslados y acceso a teléfonos, servicios legales gratuitos y material bibliográfico”, escribe la ACLU.
