Una demanda presentada el miércoles en nombre de estudiantes y organizaciones comunitarias de Massachusetts argumenta que el estado mantiene ilegalmente escuelas segregadas racialmente , concentrando a estudiantes negros y latinos en distritos de alta pobreza con menos oportunidades.
La demanda impugna la práctica del estado de asignar a los estudiantes a las escuelas basándose únicamente en su lugar de residencia, lo que puede dar lugar a que se repitan los patrones de segregación residencial en los sistemas escolares.
Este caso es el ejemplo más reciente de los esfuerzos por abordar la segregación y las desigualdades en la financiación a través de litigios a nivel estatal. Incluso antes de que la administración Trump comenzara a tomar medidas para liberar a los distritos del sur profundo de los esfuerzos de desegregación ordenados por los tribunales, los esfuerzos de integración habían disminuido considerablemente desde su punto máximo hace décadas, cuando el gobierno federal intervino en los sistemas escolares de todo Estados Unidos.
Entre los demandantes se encuentran nueve estudiantes y cuatro organizaciones comunitarias de distritos escolares segregados de todo Massachusetts, incluidos Springfield, Holyoke, Boston, Lawrence, Brockton, Lynn y Worcester. Estos distritos limitan con zonas más prósperas y predominantemente blancas donde los demandantes no pueden matricularse.
En respuesta a la demanda, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts declaró que no tiene autoridad para modificar los límites de los distritos escolares ni para obligar a las escuelas a admitir estudiantes de otros distritos. En un comunicado escrito, afirmó que el estado ha invertido en iniciativas para reducir las brechas en las tasas de graduación y ha solicitado inversiones adicionales para los distritos con altos índices de pobreza.
“Massachusetts lidera el país en rendimiento estudiantil, y estamos comprometidos a seguir avanzando para fortalecer nuestro sistema educativo en beneficio de todos los estudiantes de nuestro estado”, declaró la portavoz Jacqueline Reis.
Los demandantes argumentan que el estado está fallando a los estudiantes negros y latinos.
Un informe del consejo asesor estatal de 2024 reveló que el 63 % de las escuelas de Massachusetts están segregadas o presentan una segregación severa, y que el departamento de educación estatal no había cumplido con sus funciones de supervisión. Las escuelas con mayor concentración de estudiantes de color obtuvieron peores resultados en indicadores como la graduación y el ingreso a la universidad.
Si bien la constitución estatal garantiza a los estudiantes el derecho a una educación adecuada y a la igualdad de protección ante la ley, en la práctica no lo ha hecho para los estudiantes negros y latinos, dijo Jillian Lenson, abogada principal de Lawyers for Civil Rights, que presentó la demanda junto con Brown's Promise.
“No es el potencial de los estudiantes, sino las condiciones de sus escuelas las que provocan estas disparidades en los resultados, condiciones que el estado ha mantenido y perpetuado durante décadas”, dijo Lenson.
La demanda presentada ante un tribunal estatal de Massachusetts en el condado de Suffolk solicita que se obligue al estado a abordar las desigualdades que surgen de las normas que asignan a los estudiantes a las escuelas en las áreas donde viven.
GeDá Jones Herbert, asesora legal principal de Brown's Promise, dijo que la demanda no busca la integración obligatoria, sino más bien una inversión en prácticas respaldadas por evidencia que beneficien a todos los estudiantes.
Entre estas medidas se incluyen la ampliación de los programas regionales especializados y una mayor inversión en escuelas con recursos limitados. El estado cuenta con escuelas vocacionales regionales y traslados interdistritales voluntarios, pero un complejo sistema de exclusiones voluntarias y el reducido tamaño de la mayoría de los programas impiden la igualdad de acceso, según los demandantes.
“A los estudiantes negros y latinos se les niega el acceso a esas oportunidades, y eso es inconstitucional”, dijo Jones Herbet.
Los defensores buscan soluciones a la segregación a nivel estatal.
Otros ejemplos recientes de litigios a nivel estatal también se han centrado en abordar la segregación residencial.
En 2018, la Latino Action Network y la sección de Nueva Jersey de la NAACP, entre otros demandantes, presentaron una demanda argumentando que el sistema estatal de asignación de estudiantes según su lugar de residencia había creado escuelas segregadas racialmente. Y en Minnesota, una demanda de 2015 afirmó que la segregación escolar en Saint Paul y Minneapolis provocó una educación inadecuada y desigual para los estudiantes de color.
Ambos casos han estado tramitándose en los tribunales estatales, sin que se haya llegado a una resolución definitiva.
Los casos estatales surgen en medio de cambios en la aplicación federal de la desegregación escolar. A principios de la década de 2000, una serie de fallos de la Corte Suprema limitaron significativamente las herramientas disponibles para que los distritos integraran de manera efectiva las escuelas en función de la raza.
Las constituciones estatales, que a menudo contienen cláusulas que consagran la igualdad y la educación, pueden servir como vía para impugnar la segregación que resulta de la economía y los patrones de vivienda, dijo Robert Williams, profesor emérito de derecho en la Universidad de Rutgers.
“El gobierno lo sabe, pero no fue él quien lo hizo directamente”, dijo Williams. “Estos casos argumentan que tener tantos distritos escolares diferentes que coinciden con los patrones de vivienda y leyes que dicen que uno tiene que ir a la escuela donde vive, todo eso equivale a una forma de segregación gubernamental”.
