Un juez federal de Nueva York dictaminó el jueves que la cancelación por parte del gobierno de Trump de más de 100 millones de dólares en subvenciones para humanidades destinadas a académicos, escritores, grupos de investigación y otras organizaciones fue inconstitucional, y que el Departamento de Eficiencia Gubernamental no tenía autoridad para poner fin a dicha financiación.
La jueza federal Colleen McMahon, de Manhattan, falló a favor del Gremio de Autores, otros grupos y varias personas a quienes se les cancelaron sus subvenciones y que demandaron a DOGE y al Fondo Nacional para las Humanidades.
McMahon prohibió permanentemente a la administración cancelar las subvenciones y criticó el uso de inteligencia artificial por parte de DOGE para anular la financiación. Los abogados del gobierno argumentaron que los recortes a más de 1.400 subvenciones de fondos aprobados por el Congreso eran medidas legales para implementar las directivas del presidente Donald Trump, eliminar las subvenciones asociadas con la desviación, la equidad y la inclusión , y reducir el gasto discrecional bajo las prioridades de la administración.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia, que se defendieron de la demanda, no respondieron de inmediato a los correos electrónicos enviados el jueves por la noche para solicitar comentarios. No quedó claro de inmediato si se planeaba una apelación.
McMahon afirmó que el gobierno violó la Primera Enmienda y el derecho a la igualdad de protección de la Quinta Enmienda, y que DOGE no tenía la autoridad legal para cancelar las subvenciones.
Escribió, por ejemplo, que era “un ejemplo clásico de discriminación inconstitucional por motivos de opinión” cuando los funcionarios cancelaron las subvenciones basándose en la diversidad, la equidad y la inclusión. «El interés público favorece una medida cautelar permanente», escribió McMahon en su fallo. «El público tiene un gran interés en garantizar que los funcionarios federales actúen dentro de los límites establecidos por el Congreso y la Constitución».
Varios grupos que demandaron al gobierno, entre ellos el Consejo Estadounidense de Sociedades Científicas, la Asociación Histórica Estadounidense y la Asociación de Lenguas Modernas, celebraron la decisión en un comunicado conjunto. “Este fallo representa un logro importante en nuestro esfuerzo por restablecer la capacidad de la NEH para cumplir la misión vital que el Congreso le encomendó: ayudar a crear y mantener 'un clima que fomente la libertad de pensamiento, imaginación e investigación' a través de las humanidades”, dijo Sarah Weicksel, directora ejecutiva de la Asociación Histórica Estadounidense.
Yinka Ezekiel Onayemi, abogado del Gremio de Autores, calificó la cancelación de las subvenciones como "un ataque directo a la libertad de expresión constitucional y a la igualdad de protección ante la ley". «Nos complace la decisión del Tribunal, que reivindica a nuestros clientes: los brillantes académicos, escritores e instituciones que realizan un trabajo de suma importancia para nuestra democracia», declaró Onayemi en un comunicado. «Además, reafirma que el compromiso del Congreso con las humanidades, que data de hace 60 años, no puede ser desmantelado por un poder ejecutivo que se extralimita».
La jueza examinó cómo los funcionarios gubernamentales clasificaban los proyectos de subvención como DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) y utilizaban ChatGPT para recortarles la financiación.
En un caso, señaló que los funcionarios, mediante la plataforma de IA, etiquetaron como DEI una antología titulada «A la sombra del Holocausto: Relatos breves de escritores judíos de la Unión Soviética». También enumeró muchos otros ejemplos.
McMahon también rechazó el argumento del gobierno de que no existía ningún problema constitucional porque cualquier clasificación de puntos de vista era obra de ChatGPT y no del gobierno. “ChatGPT fue el instrumento elegido por el Gobierno para los fines de este proyecto, y el uso de la IA por parte de DOGE para identificar material relacionado con la DEI no justifica una conducta presuntamente inconstitucional ni otorga al Gobierno carta blanca para incurrir en ella”, escribió.
La cancelación de las subvenciones se anunció en abril de 2025, tres meses después de que Trump emitiera una orden ejecutiva titulada «Poner fin a los programas y preferencias gubernamentales radicales y derrochadores en materia de DEI». En febrero de 2025, Trump emitió otra orden ejecutiva que implementaba la «iniciativa de eficiencia de costos» del DOGE. Michael McDonald, entonces presidente interino del Fondo Nacional para las Humanidades, envió cartas a los beneficiarios de las subvenciones informándoles de que estas habían sido canceladas.
En una carta dirigida a una organización el 1 de abril de 2025, escribió: «La NEH tiene motivos razonables para rescindir su subvención, dado que la NEH está reorientando sus asignaciones de fondos hacia una nueva dirección para impulsar la agenda del Presidente». Muchas de las subvenciones canceladas se otorgaron durante la administración Biden, y solo unas 40 subvenciones otorgadas por esa administración se salvaron de los recortes, escribió el juez.
McMahon escribió que, si bien una nueva administración puede priorizar la financiación de forma lícita, "no tiene licencia para suprimir ideas que le resulten desfavorables".
En una suspensión temporal de las cancelaciones de subvenciones emitidas el año pasado, que plantearon cuestiones relativas a la Primera Enmienda y otros temas, el juez dijo que "los demandados rescindieron las subvenciones basándose en el punto de vista percibido de los beneficiarios, en un esfuerzo por expulsar tales puntos de vista del mercado de las ideas".
