No se puede negar la “Green Card”
Víctor Caycho
Washington Hispanic
Jueces federales de cinco estados –entre ellos Paul W. Grimm, de Maryland- ordenaron bloquear temporalmente y en todo el país el decreto del presidente Donald Trump para negarles la tarjeta de residencia legal (Green Card) a los inmigrantes que hayan utilizado Medicaid, cupones de alimentos y otros programas de asistencia con fondos del estado.
Primero fueron los jueces federales de California, Nueva York y Washington los que anunciaron su decisión el viernes 11, a los que se sumó el juez Grimm, de la corte de Distrito de Maryland el lunes 14 en horas de la noche.
Precisamente al día siguiente, martes 15, debía entrar en efecto la controvertida nueva Regla de Carga Pública. La orden de los jueces federales prohíbe la aplicación de dicha norma por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El anuncio de Grimm se dio a conocer cuatro días después de haber escuchado los argumentos orales presentados el jueves 10 por abogados del Georgetown Law’s Institute for Constitutional Advocacy and Protection (ICAP), en un caso llevado a la corte por CASA de Maryland y dos beneficiarios del programa DACA.
El juez Grimm, al igual que los otros magistrados, estimó que la nueva Regla de Carga Pública “no está de acuerdo con la ley porque se contradice con las definiciones del diccionario sobre el término “carga pública”. Asimismo, sostuvo que una redefinición de ese término, como la que se intenta, es tan amplia que podría cubrir a la mitad de toda la población nacida en los Estados Unidos, según explicó Mary McCord, directora legal de ICAP.
Por su parte, George Escobar, jefe de Programas y Servicios de CASA de Maryland, señaló que su organización aplaude al juez Grimm “por su bien razonada decisión de detener la puesta en marcha de esta peligrosa Regla de Carga Pública”.
Los jueces decidieron en favor de 21 estados y el Distrito de Columbia –representados por sus fiscales generales-, que impugnaron la medida casi inmediatamente después de su anuncio en agosto pasado.
El juez federal de distrito George Daniels, en Nueva York, dijo también que la política redefinía las leyes migratorias que han prevalecido durante años con un marco que “no tiene lógica”.
Permitir que la medida entrara en vigor ahora, señaló, tendría un enorme impacto en los “residentes que obedecen la ley y que han venido a este país en busca de una vida mejor”.
Gobierno responde
Ante esta situación, Ken Cuccinelli, director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), expresó confianza en que el gobierno eventualmente prevalecerá y que la propuesta es un intento legal por garantizar que aquellos que se asienten en el país pueden mantenerse financieramente por sí mismos.
“Un juez objetivo verá que esta regla encaja con las leyes existentes”, escribió Cuccinelli en Twitter.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, añadió que los fallos fueron “sumamente decepcionantes”. Dijo que es “el más reciente e inexplicable ejemplo de cómo se le ordena al gobierno cumplir con lineamientos defectuosos o ilegítimos de un gobierno previo en lugar de las leyes actuales aprobadas por el Congreso”.
