Escuelas de PG enjuician a sitios de redes sociales

Teniendo como premisa la salud mental de sus estudiantes, las autoridades del sistema de escuelas públicas del condado de Prince George’s, Maryland, presentaron el martes 16 una demanda federal contra las plataformas de redes sociales, alegando que ellas no solo alteran del orden público, sino también por negligencia grave. 

La demanda de casi 200 páginas acusa a las empresas Meta, Snap Inc., Byte Dance y Google, que administran Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, de estarse dirigiendo a los niños, intencionalmente, con plataformas que están diseñadas para crear una nociva adicción.

El resultado final, según argumentó el condado, es que esas compañías continúan obteniendo ganancias mientras las escuelas y los padres de familia se enfrentan y lidian con las consecuencias de su impacto. 

La demanda no solicita una cantidad específica de daños, pero busca una compensación por la carga financiera en la que incurrió el condado a medida que brinda más servicios de salud mental. El condado también está pidiendo la convocatoria de un jurado que otorgue daños punitivos.

La demanda explica que esa adicción generada desde niños está generando aumentos en los trastornos alimentarios, en algunas formas de depresión e incluso ideas suicidas entre los adolescentes.

Después de presentada la demanda, Meta envió una larga respuesta a los medios, suscrita por Antigone Davis, directora de seguridad de la plataforma.

“Hemos desarrollado más de 30 herramientas para ayudar a los adolescentes y sus familias, incluidas herramientas que permiten a los padres decidir cuándo y por cuánto tiempo sus hijos adolescentes usan Instagram, y también tecnología de verificación de edad, configuración automática de cuentas que pertenecen a menores de 16 años cuando se unen a Instagram y envían notificaciones alentando a los adolescentes a tomar descansos regulares”, afirmó en el comunicado.

Tras indicar que estos son temas complejos, dijo que Meta se compromete a seguir trabajando con padres, expertos y reguladores, como los fiscales generales del estado, “para desarrollar nuevas herramientas, funciones y políticas que satisfagan las necesidades de los adolescentes y sus familias.

También aseguro que los padres tienen un mayor acceso a las herramientas que los ayudan a supervisar lo que ven sus hijos.