Corte Suprema impondría límites a rastreo de celulares
AP
Washington Hispanic
reocupada por la erosión de la privacidad ante los avances tecnológicos, la Corte Suprema señaló el miércoles que podría imponer restricciones a la capacidad del gobierno para rastrear los movimientos de los estadounidenses por medio de la recolección de la información de su teléfono celular.
Los magistrados escucharon un caso en el que el gobierno obtuvo 127 días de información de torres celulares sin contar con una orden judicial, lo que les permitió ubicar a un sospechoso en las cercanías de donde se realizaron robos. Pero el trasfondo del argumento de 80 minutos era la intranquilidad por lo fácil que se ha vuelto rastrear muchos aspectos de la vida de las personas, y la expectativa de que los nuevos avances solo facilitarán las cosas.
“La mayoría de los estadounidenses, creo, aún quieren evitar al Gran Hermano”, dijo la jueza Sonia Sotomayor, quien añadió que los estadounidenses llevan sus teléfonos consigo a los vestidores, baños y la cama.
El magistrado presidente John Roberts, al repetir una opinión previa, destacó que en la actualidad contar con un celular es cuestión de necesidad, no de elección.
Con esos dispositivos, declaró la jueza Elena Kagan, las autoridades cuentan con la capacidad de realizar “rastreos a toda hora”. Y la precisión que proveen las torres de telefonía celular también ha mejorado.
Esos magistrados parecen integrar la mayoría de la corte que podría extender las protecciones de la Cuarta Enmienda de la constitución en contra de los cateos no justificados para que se apliquen a la recolección de la información de torres de telefonía celular, que se ha convertido en una importante herramienta en las investigaciones policiales.
Los registros de torres celulares que los investigadores obtuvieron sin una orden, ayudaron a sustentar sus acusaciones contra Timothy Carpenter en una serie de robos a tiendas Radio Shack y T-Mobile en Michigan y Ohio.
Los investigadores obtuvieron los registros de torres con una orden judicial que requiere un estándar más bajo que la “causa probable” necesaria para conseguir una orden de cateo. La “causa probable” requiere de evidencia sólida de que una persona cometió un delito.
El juez en el caso de Carpenter se negó a desechar los registros, al decretar que no se necesitaba de una orden, y la corte federal de apelaciones respaldó la decisión. El gobierno del presidente Donald Trump alegó que deben ratificarse las decisiones del tribunal menor.
Durante su argumento ante la Corte Suprema, el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Nathan Freed Wessler, comentó que una orden proporcionaría protección en contra de intromisiones injustificadas por parte del gobierno.
