Presentan demanda por audiencias justas en MD
Víctor Caycho
Washington Hispanic
Tres residentes de Maryland, Marvin Amílcar Dubón Miranda, Ajibade Thompson Adegoke y José de la Cruz Espinoza, presentaron una demanda el viernes contra la actual administración por la falta de audiencias justas para los inmigrantes detenidos.
Ellos denunciaron que “a muchas de estas personas, incluidos los solicitantes de asilo, se les negó la libertad sin que el gobierno justificara su encarcelamiento, en violación de sus derechos al debido proceso bajo la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos”.
Añadieron que “otros eran elegibles para la liberación mientras esperan sus procedimientos judiciales de inmigración, pero actualmente están detenidos únicamente porque no tienen los recursos financieros para comprar una fianza por su libertad, en violación de sus derechos”.
El caso, denominado Miranda v. Barr, fue presentado en el Tribunal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Baltimore, Maryland.
Los tres demandantes son representados por la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes del Área Capital (CAIR), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la ACLU de Maryland (ACLU-MD)
«Cuando el juez anunció que la fianza era de 20 mil dólares, me asusté», afirmó el demandante José de la Cruz Espinoza. «Mi esposa y mis hijos también estaban muy molestos. Sabíamos que nunca podríamos pagar esa cantidad».
Por su parte, Ajibade Thompson Adegoke declaró que «a veces me siento tan deprimido por estar detenido y sin saber si mi familia está a salvo «.
Dubón Miranda, a su turno, dijo: «Me rompe el corazón que no puedo dar dinero ni apoyo emocional a mi hijo, porque fui detenido, dejando a su madre sin ningún apoyo para criarlo».
“Mantener a las personas encerradas en centros de detención debido a su situación financiera y otras inequidades ya es algo muy malo. Pero hacerlo en medio de la pandemia del coronavirus puede ser una pena de muerte para las personas detenidas», señaló Michael Tan, subdirector del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
Jenny Kim, abogada principal de la Coalición de CAIR, dijo que “todo lo que estamos pidiendo son procedimientos más justos” y explicó que “cuando un juez establece una fianza y ha decidido que una persona no debe ser detenida, entonces esa persona no debe permanecer en un centro de detención sólo porque no puede pagar”.
