Jueza federal suspende temporalmente orden para revelar gestiones sobre retorno de Abrego Garcia a EE.UU.
La pausa marca un giro en la disputa legal que ha llegado hasta la Corte Suprema.
Una jueza federal decidió suspender temporalmente su propia orden que exigía al gobierno del expresidente Donald Trump entregar información sobre las acciones —si las hubiera— emprendidas para traer de vuelta a un hombre deportado erróneamente a El Salvador.
La jueza Paula Xinis, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, emitió la suspensión de siete días el miércoles, con el consentimiento de los abogados de Kilmar Abrego Garcia. Esta decisión representa el primer indicio de un posible cambio en la actitud o estrategia en un caso legal altamente polémico que ya escaló hasta la Corte Suprema y en el que la magistrada ha llegado a acusar al gobierno de actuar con “mala fe”.
Drew Ensign, subprocurador adjunto del Departamento de Justicia, presentó una moción sellada para solicitar una pausa en la orden que obligaba a la administración a entregar documentos y declaraciones relacionados con sus planes para repatriar a Abrego Garcia. También pidieron ser eximidos de presentar informes diarios sobre su progreso en el asunto.
Xinis no explicó en ese momento los fundamentos jurídicos detrás de su decisión, que mantiene vigencia hasta el 30 de abril, y tampoco modificó el requerimiento de presentar actualizaciones diarias.
Por su parte, los abogados de Abrego Garcia también ingresaron un documento sellado, oponiéndose a la solicitud del gobierno. Sin embargo, la jueza aclaró que su decisión de suspender temporalmente la orden fue tomada “con el consentimiento de ambas partes”.
El gobierno estadounidense expulsó a Abrego Garcia a El Salvador el mes pasado, y más tarde calificó el hecho como “un error administrativo”. Aun así, insistieron en que el hombre tenía vínculos con la pandilla MS-13.
La orden del miércoles se emitió justo un día después de que la jueza Xinis criticara severamente al equipo legal del gobierno en un documento judicial, acusándolos de desobedecer sus mandatos, entorpecer el proceso legal y actuar de manera poco transparente.
El gobierno argumenta que parte de la información solicitada está protegida por privilegios legales, incluyendo secretos de Estado y deliberaciones internas. No obstante, la jueza ha desestimado esta defensa y les ordenó justificar detalladamente cada afirmación de confidencialidad antes de las 6 p.m. del miércoles.
