Fin del TPS para los salvadoreños
Redacción
Washington Hispanic
El lunes 8 fue un día muy triste para la comunidad salvadoreña residente en el área metropolitana de Washington DC y de todo el país. Ese día, por la mañana, la Administración Trump anunció que el Estatus de Protección Temporal (TPS) que les permitía residir y trabajar legalmente en Estados Unidos no será renovado.
A ellos se les otorgará una última extensión de 18 meses, que vence el 9 de septiembre del 2019, para que puedan ajustar su estatus –en los casos que sean posibles-, o alistar su regreso a El Salvador, de donde la mayoría de ellos salió hace casi dos décadas luego de los devastadores terremotos del 2001.
En un comunicado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aseguró que los daños causados por los terremotos que azotaron Centroamérica ese año no justifican otra prórroga del estatus.
Nielsen añadió que El Salvador ha recibido cuantiosa ayuda internacional y que gran parte de la infraestructura del país ha sido reconstruida.
La decisión de enviar a los salvadoreños de vuelta a su país se veía venir, pero se mantenía la esperanza de una decisión compasiva.
El anuncio causó conmoción en Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia, donde vive una importante comunidad “tepesiana”. También en Los Ángeles, Nueva York, Houston y otras zonas metropolitanas que acogen grandes comunidades de salvadoreños. Muchos han echado raíces en la nación que los acogió, formando familias y abriendo negocios a lo largo de los años.
Poner fin a la protección también supone un duro desafío para El Salvador, un país de 6,2 millones de habitantes con una economía dependiente de las remesas de los trabajadores que emigraron a Estados Unidos.
La predecesora de Nielsen, Elaine Duke, puso fin en noviembre a las protecciones para los haitianos, lo que requiere a unas 50.000 personas que se marchen o resuelvan su situación legal para el 22 de julio de 2019, y para los nicaragüenses, lo que dio a unas 2.500 personas hasta el 5 de enero de 2019. También aplazó una decisión que afectaba a más de 50.000 hondureños, lo que dejó la decisión a Nielsen.
