Demandan a cinco destacadas empresas constructoras de DC
El fiscal general de DC ha presentado una demanda contra cinco empresas constructoras y corredores alegando que clasificaron erróneamente a cientos de trabajadores, privándolos de beneficios y salarios.
El fiscal general de DC, Brian Schwalb, afirma que algunas empresas de construcción locales están “robando” a los trabajadores.
“Los intermediarios laborales y los contratistas que los emplean no sólo roban a los trabajadores responsables de construir nuestra ciudad, sino que también obtienen una ventaja competitiva injusta sobre las empresas que respetan las reglas”, dijo Schwalb en un comunicado de prensa . «Mi oficina siempre respaldará a los trabajadores y garantizará que todas las empresas del Distrito compitan en igualdad de condiciones».
En la demanda, el fiscal general dijo que Whiting-Turner Contracting Company, WG/Welch Mechanical Contractors y tres intermediarios laborales violaron las leyes de salarios y horarios del Distrito.
La demanda afirma que las empresas aumentaron sus ganancias robando a los trabajadores, afirmando que los corredores intentaron tomar atajos y reducir costos clasificando ilegalmente y erróneamente a cientos de empleados como contratistas independientes.
El fiscal general dijo que esto, a su vez, negaba a los trabajadores el salario mínimo, las horas extras, la licencia por enfermedad remunerada y otros beneficios.
«La industria de la construcción está repleta de contratistas no sindicalizados que contratan subcontratistas llamados intermediarios laborales para que actúen como intermediarios entre los trabajadores y las empresas constructoras», dijo Chuck Sewell, director de marketing de la Asociación Internacional de Trabajadores de la Chapa, el Aire, el Ferrocarril y el Transporte (SMART). ) Local 100.
“Clasifican erróneamente a los trabajadores para evitar pagar impuestos, seguro de compensación laboral y muchas otras cosas que la ley les exige pagar”, agregó Sewell.
A través de esta demanda, la Fiscalía General pretende que las empresas constructoras devuelvan el dinero a los trabajadores afectados y paguen sanciones al tribunal. También obligarán a las cinco empresas a cumplir con la Ley de Fraude en el Lugar de Trabajo, la Ley de Revisión del Salario Mínimo y la Ley de Licencia por Enfermedad y Seguridad del Distrito.
