González Urrutia pide al fiscal evitar una «persecución» política en Venezuela

Edmundo González Urrutia, rival de Nicolás Maduro en su cuestionada reelección, pidió el miércoles al fiscal general evitar una «persecución» política cuando está solicitado por una justicia señalada de servir al chavismo.
El opositor de 75 años está en la clandestinidad desde hace un mes. Asegura haber ganado los comicios en los que Maduro fue proclamado para un tercer mandato seguido, que generaron una severa crisis en la que Colombia y Brasil encabezan los esfuerzos para alcanzar una solución pacífica.
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su par colombiano Gustavo Petro tienen prevista una reunión con Maduro «probablemente» este mismo miércoles, poco después de que expresaran su «profunda preocupación» por la orden de captura contra González.
La fiscalía lo investiga por supuesta «desobediencia de leyes», «conspiración», «usurpación de funciones» y «sabotaje», con foco en un sitio web que la oposición liderada por María Corina Machado alimentó con copias de más del 80% de las actas de votación, que asegura, sirve de prueba para demostrar un triunfo arrollador de su candidato.
No está claro si ya fue imputado. Su abogado José Vicente Haro no ha podido acceder al expediente, pero acudió a la fiscalía en un intento por frenar el proceso contra su cliente. Entregó un escrito legal en el que se justifica la ausencia de su defendido en las tres citaciones emitidas por ese despacho y que derivaron en el pedido de arresto.

«Se me indicó que la correspondencia (…) no podía ser recibida porque no contaban con la autorización debida», explicó a periodistas a su salida de la diligencia.
«Este es el tipo de situaciones por las cuales el señor Edmundo González Urrutia no compareció para la citación que se le hizo», siguió Haro, «porque hay una situación de indefensión, de imposibilidad de garantizar su derecho a la defensa, al debido proceso». «¿Qué hubiera pasado si el señor Edmundo González Urrutia se hubiera presentado?».
Opositores y juristas coinciden en señalar que la justicia venezolana opera al servicio del chavismo gobernante.

– Esfuerzo diplomático –
Estados Unidos, el jefe de la Unión Europea, Joseph Borrel, y nueve países de América Latina rechazaron la orden de captura contra González Urrutia, mientras que Brasil y Colombia estimaron que la acción entorpece la búsqueda de una solución pacífica.
La reunión de Maduro con Petro y Lula aún no está en la agenda oficial. También estaría prevista la participación del mexicano Andrés Manuel López Obrador, muy activo al inicio de estos esfuerzos aunque luego marcó distancia.
El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, dijo el martes que «probablemente en el día de mañana (miércoles) se pueda realizar una reunión de los tres presidentes con el presidente Maduro para expresarle sus posiciones».

«Lo que no han querido obviamente (es) limitar la posibilidad de mediación de pacificación porque (…) lo que suceda en Venezuela tiene implicaciones para Colombia y para la región pero siempre garantizando la soberanía», añadió.
El vocero del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, adelantó el martes que el gobierno de Joe Biden sospesa «una serie de opciones» para demostrar a Maduro que «sus acciones ilegítimas y represivas» tienen «consecuencias».
La Casa Blanca -convencida de la victoria de González Urrutia- ya ha impuesto sanciones contra Venezuela en el pasado, aunque fueron flexibilizadas en el último año.
Las autoridades estadounidenses informaron además el miércoles que un militar de su país fue detenido en Venezuela, sin precisar detalles.
La proclamación de Maduro como ganador de los comicios de julio desencadenó protestas en todo el país que dejaron 27 muertos, 192 heridos y  2.400 detenidos, entre ellos más de un centenar de menores de edad, aunque 86 adolescentes ya han sido excarcelados bajo medidas cautelares.
La oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles en un informe que las autoridades venezolanas están cometiendo «violaciones generalizadas de los derechos humanos» contra manifestantes, transeúntes, opositores y críticos, tras la cuestionada reelección de Maduro.
Maduro, en tanto, responsabiliza a Machado y a González Urrutia de los hechos de violencia en las protestas y ha pedido cárcel para ambos.