Argentina: gobierno busca aprobar polémica ley jubilatoria
AP
Washington Hispanic
l oficialismo argentino busca aprobar el lunes en el Congreso una controvertida reforma de las jubilaciones y pensiones en medio de fuertes medidas de seguridad y tras prometer a los afectados una compensación que no convence a los sindicatos y agrupaciones sociales.
El gobierno del presidente Mauricio Macri acordonó con policías y vallas el entorno del Congreso en una jornada que promete ser convulsa por las masivas movilizaciones convocadas por sindicatos y organizaciones sociales y políticas de izquierda en contra de la iniciativa, que busca reducir el déficit fiscal y que ya fue aprobada por el Senado.
El oficialismo espera contar con el apoyo de un sector del peronismo luego de que el 14 de diciembre fracasara una sesión para tratar la reforma a causa de violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías y del fuerte rechazo político al proyecto.
Al mediodía y pocas horas antes del inicio del debate parlamentario la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical, comenzó un paro de actividades por 24 horas en contra del proyecto. Cientos de vuelos en el aeropuerto de la capital se suspendieron y se espera que a lo largo de la jornada miles de pasajeros resulten afectados por la huelga.
Sin embargo, los sindicatos del transporte automotor, de los trenes y del metro iniciarán la medida de fuerza en horas de la tarde para permitir a los manifestantes regresar a sus casas.
“El bono (la compensación) es una burla”, dijo Juan Carlos Schmid, uno de los líderes de la CGT, al manifestar el “rechazo absoluto” a este proyecto que “tiene una raíz ilegítima y va a provocar una catarata de presentaciones judiciales”.
Manifestantes comenzaron en tanto a cortar algunos puntos estratégicos del centro de Buenos Aires, generando un caos circulatorio.
Para lograr el apoyo de sectores opositores el gobierno se comprometió a compensar con un pago extra a los jubilados y pensionados de menores ingresos.
Sostuvo que la iniciativa consensuada en los últimos días con los gobernadores de las provincias es beneficiosa porque garantiza «un futuro claro» al asegurar haberes por encima de la inflación.
El oficialismo tenía previsto aprobar una modificación de la fórmula que establece los aumentos periódicos a las jubilaciones en un contexto inflacionario, pero la sesión legislativa del 14 de diciembre se vino a pique por la alta tensión social y política producto del fuerte rechazo al proyecto.
La iniciativa implica una pérdida de ingresos, lo que generó que sindicalistas y militantes de organizaciones sociales y políticas se enfrentaran con fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede del Parlamento mientras en la cámara baja se producía una discusión acalorada entre los diputados.
Un día después, el gobierno convocó de urgencia a gobernadores, en su mayoría del opositor partido peronista, en busca del respaldo necesario para aprobar la iniciativa. A cambio se comprometió a dictar un decreto para asegurar un beneficio adicional para jubilados y pensionados con haberes inferiores a los 10.000 pesos (unos 560 dólares) y para beneficiarios de una prestación que se otorga a familias de pocos ingresos.
Según el gobierno, esta compensación -que tampoco cuenta con el respaldo de sindicalistas y organizaciones sociales- alcanza al 70% de los jubilados y pensionados y al 100% de los beneficiarios de esa ayuda social y será abonado en marzo.
