Tensión entre lugareños y sector turístico en Tulum

Un frenesí por construir edificios en Tulum, un balneario del Caribe mexicano que supo ser muy tranquilo y ahora está de moda, hace que muchos empresarios planeen levantar condominios y hoteles en un barrio pobre erigido en tierras ocupadas.

Mientras que la policía trata de desalojar a los residentes para que se puedan construir grandes condominios junto a casitas de madera y cartón asfaltado, los ocupantes dicen estar hartos de los inversionistas extranjeros que no permiten a los lugareños disfrutar de su propia costa.

En el enfrentamiento más reciente, del 27 de julio, la policía se presentó con una topadora e intentó derribar algunas viviendas junto a un condominio con balcones. Disparó gases lacrimógenos, pero el viento cambió de dirección y llevó los gases hacia su sector, por lo que se tuvo que retirar en medio de una apedreada.

El contraste entre ricos y pobres no podría ser más grande. Hay edificios de cuatro pisos con nombres alusivos a la cultura maya y slogans en inglés como “Live in the Luscious Jungle” (Viva en la selva sabrosa) y “An immersive spiritual experience” (Una experiencia espiritual inmersiva) pegados a chozas construidas con palos, cajas, lonas y techos de zinc.

En una costa en la que la construcción irrestricta de hoteles ha cerrado el acceso público a la mayoría de las playas –hay unos pocos puntos de acceso público en una faja de 130 kilómetros (80 millas) conocida como la Riviera Maya–, los residentes en estas tierras ocupadas se preguntan si los mexicanos pobres podrán disfrutar de estas playas alguna vez.

Las autoridades del estado de Quintana Roo han dicho que reubicarán o desalojarán a unos 12.000 residentes del caserío 2 de Octubre, que ocupa 137 hectáreas. Fue fundado en el 2016 en terrenos otrora públicos, muy valiosos, a pocas cuadras de la calle principal y a unos 2 kilómetros (1,5 millas) de la costa.

Estas invasiones de terrenos son comunes en México. A menudo los ocupantes son desalojados al poco tiempo. Pero a veces estos asentamientos se integran a la ciudad. Se calcula que unas 250.000 personas podrían estar viviendo en comunidades surgidas en terrenos ocupados en las afueras de Cancún.

Las autoridades afirman que los “invasores” han creado una comunidad semianárquica que alimenta la reputación de Tulum como un sitio donde abunda la violencia y amenaza el turismo, vital para la zona.

Uno de los líderes de los ocupantes, José Antonio León Méndez, un soldador que vive entre Cancún y Tulum desde hace tres décadas, dice que él y muchos otros “paracaidistas”, como se les dice en México a los ocupantes ilegales de tierras, trabajan como cocineros, jardineros y albañiles en los condominios y hoteles de la zona. Y que le molesta el hecho de que él jamás podrá comprar una casa en localidades llenas de extranjeros.

“¿Como un mexicano puede ser invasor en su tierra? Es como decir un ladrón que roba lo suyo”, expresó León Méndez. “No tenemos ningún problema personal con los extranjeros, pero que respetan nuestros derechos”.

Agregó que la resistencia de 2 de Octubre es un símbolo de la batalla de los mexicanos que son expulsados de su propia costa porque no pueden pagar los precios que se cobran allí.

La comunidad es parte de 200 hectáreas de tierras públicas que fueron vendidas a empresarios de la construcción mayormente extranjeros en los años 2000. Los condominios a sus alrededores, y algunos bien adentro de la comunidad, se venden por entre 100.000 y 150.000 dólares. Las publicidades para su venta usan dólares y también hay que pagar en dólares para acceder a muchas instalaciones costeras.

En la zona de Tulum, un ingreso de 20 dólares diarios es considerado un buen sueldo, pero a un mexicano que percibe esa suma le tomaría décadas poder comprar una de esas propiedades.

El fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, dice que desalojará a los ocupantes ilegales.

“Ya tenemos las denuncias de los propietarios y las órdenes de desalojo de los jueces”, declaró. “Pero cada vez que lo hemos intentado, pues inmediatamente todos se reúnen, nos cierran las vías de comunicación y se genera un problema mayor”.

Hay otros obstáculos: pilas de piedras, neumáticos y madera listos para que les prendan fuego.

Mateo Cruz, quien alquila una habitación en la que vive con sus dos hijos en la comunidad, muestra el moretón que le dejó en un muslo una granada de gas lacrimógeno tirada por un policía.

“Nos dijeron que teníamos que salir y que sacar nuestras cosas”, expresó, en alusión a los incidentes del 27 de julio. El sitio donde vive se encuentra frente a un condominio nuevo de cuatro plantas. “¿Cómo se les ocurre lanzar gas en medio de tanta gente?”, preguntó Cruz.

Montes de Oca dice que las autoridades piensan reubicar a los ocupantes.

“Vamos a ofrecerles terrenos que va a poner el estado fuera de esa zona. Los empresarios se van a encargar de poner el dinero para construir casas”, aseguró.

Pronosticó que el 70% de los ocupantes se irá voluntariamente y dijo que con el 30% restante se “aplicarán otras técnicas”.

León Méndez no quiere saber nada de ese ofrecimiento.

“No les vamos a dar el gusto de que las sigan vendiendo a extranjeros. Nos quieren mandar a 20 kilómetros (12 millas), a la montaña. Eso no se puede negociar”.

Con lo que cuestan los taxis y autobuses, pensados más que nada para los turistas, el transporte al trabajo les costaría a estos trabajadores una cuarta parte de su salario diario.

Las autoridades dicen tener otra preocupación.

La venta callejera de drogas está detrás de la muerte de varias personas en el asentamiento 2 de Octubre. Y en el resto de Tulum. En octubre, dos turistas, incluido un bloguero de California nacido en la India y un alemán, fallecieron al ser alcanzados por un fuego cruzado en un restaurante en la calle principal de Tulum.

Lucio Hernández, jefe de la policía estatal, dice que cámaras de seguridad detectaron que muchos traficantes se refugian en el asentamiento.

Un líder de los ocupantes, Rafael Hernández Juárez, admite que aumentan la violencia, las ventas de drogas y los asesinatos. Afirma que tratan de evitar a los traficantes, pero que denunciarlos podría ser riesgoso.

“Yo ya no me meto. La gente es más violenta ahora. No denuncio. Mejor no saber nada”.

Víctor Reyes, un residente de Tulum que trabaja en el sector inmobiliario, calcula que el 70% de las compras de condominios son de empresas extranjeras y que cobran en dólares “porque tienen que recuperar sus inversiones en dólares”.

Se hace eco de las sospechas de algunos acerca de los ocupantes de terrenos.

“Las organizaciones se volvieron una mafia. Lo lograron en Cancún, en Playa del Carmen, y ahora llegaron a Tulum”, manifestó. Agregó que movilizan a la gente “y usan a las mujeres y los niños como carne de cañón”.

Los “paracaidistas”, sostuvo, “se sacaron la lotería” al instalarse en terrenos tan valiosos.

Los ocupantes, que generalmente apoyan al Partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador, efectivamente, consideran sus humildes moradas como haberse sacado la lotería.

Muchos agregaron habitaciones y alquilan sus construcciones originales a otros mexicanos. Algunos vendieron sus lotes de 10 x 20 metros por entre 8.000 y 12.000 dólares. Pareciera que todos usan cualquier dinero que obtienen para agregar habitaciones, a veces de madera, a veces de ladrillo.

Pero ninguno cuenta con agua corriente ni con conexiones con desagües, a pesar de que los condominios construidos en el mismo sector sí los tienen. Algunos condominios tienen incluso piscinas.

Los ocupantes usan conexiones eléctricas ilegales y pozos y primitivos tanques sépticos instalados taladrando un suelo rocoso, una combinación bastante problemática.

Por más que vivan en terrenos muy cotizados, la vida es una batalla diaria para los ocupantes.

Lenín Solís Vega, obrero de la construcción, está levantando su propia casa un bloque de cemento a la vez. Fue desalojado en dos ocasiones de lotes del asentamiento, uno de ellos a 20 metros del que ocupa actualmente y donde se planea construir un condominio.

“Ahora dicen que nos quieren sacar, que por qué construimos. Somos mexicanos y nos quieren sacar de aquí, a nosotros que no tenemos nada”, manifestó.

Algunos ocupantes sacan provecho de sus vecinos más pudientes, que les compran comidas baratas.

Lorena, oriunda del estado de Campeche, se pasó años cocinando para turistas en hoteles y restaurantes en los que se le prohibía hablar en su lengua natal maya. Pidió que no se usase su apellido por temor a meterse en líos con las autoridades.

Desde que construyó su casa con madera y lona –con árboles que plantó ella misma y un estanque con peces dorados–, se mantiene vendiendo comida en un puesto frente a su casa.

Aprendió incluso a recitar su menú en inglés. A los turistas de los condominios que pasan por allí les ofrece empanadas de “beef, chicken, pork”.

“Todos los empresarios son bienvenidos”, dijo Lorena. “Pero no nos pueden discriminar ni hacernos menos porque somos humildes, no pobres”.