TPS: Una solución final la debe dar el Congreso
Víctor Caycho
Washinton Hispanic
La decisión del juez federal Edward Chen, de San Francisco, California, quien ordenó al gobierno no poner fin el programa TPS mientras no se resuelva una demanda, provocó reacciones de líderes comunitarios.
La medida judicial se conoció el miércoles 3, cuando la comunidad TPS de Sudán se disponía a recibir la sentencia final, ya que el programa para ellos vence el próximo mes. También trajo alivio para las otras tres comunidades que aún tienen TPS vigente: las de Nicaragua, que vence en enero de 2019, de Haití en julio y de El Salvador, en septiembre.
Los líderes apuntaron al Congreso para que se logre una solución definitiva y permanente.
Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, explicó que más allá de la suspensión temporal ordenada por las cortes inferiores, “la única solución real está en el Congreso”. También dijo que “si los demócratas ganan la mayoría en las elecciones intermedias de noviembre, cuando menos en la Cámara de Representantes, será posible para la rama legislativa lograr una solución permanente para cientos de miles de beneficiarios de TPS que han vivido con estatus legal durante años y ayudado a sus familias y a sus comunidades”.
Mucha presión
Similar posición fue la de Abel Núñez, director ejecutivo de CARECEN, quien recomendó a las familias beneficiarias del TPS que después de celebrar esta decisión del juez Chen mantengan la calma.
“No sólo hay que estar al tanto de la información sobre este tema sino habrá que seguir poniéndole mucha presión al Congreso, porque al final del camino solo es esa institución la que puede cambiar y resolver este problema de modo definitivo y permanente”, señaló.
Indicó que lo único que puede hacer por ahora el Ejecutivo es seguir extendiendo el permiso temporal, “algo que queremos que haga para proteger a nuestra gente, pero lo que más deseamos es ir a una residencia permanente, y eso sólo lo puede hacer el Congreso”.
Los argumentos
La decisión del juez Edward Chen desde San Francisco se basó en que una cancelación del TPS causaría “daños irreparables y enormes dificultades” a los cientos de miles de personas protegidas por el programa.
El fallo sostiene que el gobierno no demostró el daño de mantener el programa de 20 años de antigüedad, y que los demandantes establecieron que deportar a dichos inmigrantes podría perjudicar la economía local y nacional.
La decisión señala que mientras está en la corte una demanda no se va a eliminar el programa.
Núñez, de CARECEN, dijo que “sólo en la comunidad salvadoreña hay más de 270 mil niños nacidos en este país, es decir ciudadanos estadounidenses, que se verían perjudicados si sus padres pierden la protección del TPS y son deportados a su país de origen”.
“¿Tendrán que irse con sus padres, a un país que no conocen, o quedarse en Estados Unidos, su país, pero separados de sus padres?”, se preguntó.
RESPUESTA DEL EJECUTIVO
• El portavoz del departamento de Justicia, Devin O’Malley, dijo el jueves 4 que el fallo “usurpa el papel del poder ejecutivo”.
• “El departamento de Justicia rechaza completamente la noción de que la Casa Blanca o el departamento de Seguridad Nacional hicieran algo impropio. Seguiremos luchando por la integridad de nuestras leyes migratorias y nuestra seguridad nacional”, añadió O’Malley.
