Piden eliminar asilo a niños de la frontera
Victor Caycho
Washington Hispanic
a Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), advirtió el lunes 16 que el proyecto migratorio “Prioridades y Principios para una Legislación Migratoria” enviado recientemente por el presidente Donald Trump al Congreso afectará a muchos inmigrantes, en especial a los miles de “niños de la frontera”, que ingresaron al país sin papeles.
En un comunicado, AILA expresó su preocupación porque dicha iniciativa trata de poner fin a la legislación que protege a las víctimas de tráfico humano y busca desactivar un acuerdo judicial alcanzado en 1997, el cual descarta la deportación de menores de edad por parte del gobierno federal.
Esta norma judicial, denominada Ley Williams Wilberforce de Protección de Víctimas de Tráfico (RPVA) fue aprobada por el Congreso en 2008, y prohíbe la deportación inmediata de esos menores cuando son detenidos y provengan de países no fronterizos.
En la carta enviada al Congreso, el presidente Trump sostiene que la referida legislación “tiene lagunas” que impiden que los menores no acompañados que lleguen al país ilegalmente “sean expulsados”.
Eliminar esa protección significa “ignorar la realidad centroamericana”, replicó Barbara Hines, exdocente de la facultad de leyes de la Universidad de Texas, en Austin, en declaraciones hechas a la prensa esta semana.
Al respecto, Hines explicó que “miles de niños han escapado y huyen de la violencia y el peligro en el Triángulo Norte de Centroamérica (formado por El Salvador, Honduras y Nicaragua) y de México”.
También dijo que esos menores “llegan a territorio estadounidense en busca de asilo para salvar sus vidas”.
No a las cuotas
Por otra parte, el gremio de abogados de inmigración expresó su oposición a la idea de imponer un sistema de cuotas a los jueces de inmigración para que aceleren los procesos que les asignan. Dicho planteamiento figura en la misma “lista de prioridades y principios” enviada por el presidente Trump al Congreso para ser agregadas a una futura norma que legalice la permanencia en el país de los Soñadores (Dreamers) que son protegidos por DACA.
“Tal sistema de cuotas amenaza la integridad del sistema judicial de inmigración, la independencia del poder judicial y los derechos de los clientes de los abogados afiliados a AILA”, advierte la declaración.
“El debido proceso –argumenta-, sólo se puede lograr si el juez tiene suficiente tiempo para desarrollar y revisar cada caso, realizar una audiencia exhaustiva, deliberar sobre los méritos de cada caso y emitir una decisión bien razonada que sea consistente con los hechos y la ley pertinente”.
La administración Trump plantea contratar más jueces de inmigración y acelerar los procesos para solucionar estos atascos. AILA, por su parte, expresó su preocupación de que esa política dañe el debido proceso y que sea el preludio de las deportaciones masivas de inmigrantes.
“Instamos al Departamento de Justicia –prosigue la declaración-, a que reconsidere su propuesta y que no utilice objetivos numéricos de finalización de casos (con el fin de negar beneficios migratorios) para evaluar el desempeño de los abogados”.
600,000 casos se encuentran acumulados en las cortes de inmigración y la mayoría de ellos han abusado de un sistema “que debe ser cambiado”, señaló el fiscal general Jeff Sessions, en un discurso pronunciado la semana pasada en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés).
