La presidencia de Trump desafía el Estado de derecho
Quiere abolir la ciudadanía por nacimiento, expulsa migrantes para que sean encarcelados en El Salvador, ataca a jueces y presiona a firmas de abogados: desde el comienzo de su segundo mandato, Donald Trump está poniendo a prueba el Estado de derecho en Estados Unidos.
En sus primeros 100 días en la Casa Blanca, el multimillonario republicano parece empujar al país hacia una crisis constitucional, con altos funcionarios de su administración pidiendo directamente que se ignoren los fallos judiciales.
La situación llegó al punto de que James Boasberg, un juez federal en Washington, concluyó que el gobierno «ignoró deliberadamente» el 15 de marzo su prohibición de expulsar inmigrantes, en su mayoría venezolanos, a El Salvador bajo una ley de emergencia de finales del siglo XVIII.
Boasberg concluyó que hay una presunción de «desacato al tribunal».
«Nunca he visto algo así por parte del Departamento de Justicia, ni siquiera por parte de los abogados que ejercen en tribunales federales», dijo a la cadena CNN el exjuez federal John Jones.
Este magistrado, nombrado en su momento por el expresidente republicano George W. Bush, dijo que es «impresionante la desfachatez y falta de respeto» hacia los jueces.
La pregunta es hasta qué punto pueden intervenir los jueces en asuntos de política nacional.
Cuando los tribunales explican que solo están ejerciendo su función de control y equilibrio, la presidencia replica que los jueces de izquierda están abusando de su autoridad al interferir en sus planes.
«Tengo un equipo fantástico que hace un trabajo increíble, pero se ven frenados a cada paso, incluso por la Corte Suprema», criticó el lunes el multimillonario neoyorquino en su red Truth Social.
– «Regímenes sin ley» –
En mayo, la Corte Suprema celebrará una audiencia sobre la orden ejecutiva de Trump para revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento, una medida que ha sido suspendida a nivel nacional por varios tribunales.
Por petición de la administración, la audiencia se enfocará en si un tribunal federal puede emitir fallos que bloqueen la política del poder ejecutivo a nivel nacional.
En los tres meses que lleva en la Casa Blanca, Trump y su gobierno acumulan 190 causas judiciales, algunas ya en manos de la Corte Suprema, controlada por magistrados conservadores.
En nombre de los tres magistrados progresistas de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor expresó su alarma por «la posición del gobierno de que, incluso cuando comete un error, no puede traer de vuelta a las personas que envió a prisión en El Salvador».
Según esta lógica, «no sólo los extranjeros, sino también los ciudadanos estadounidenses, podrían ser detenidos en la calle, subidos a aviones y encarcelados en prisiones extranjeras sin posibilidad de apelación», subrayó.
«La historia no es ajena a este tipo de regímenes sin ley, pero el sistema de leyes de esta nación está diseñado para prevenir, no para facilitar, su ascenso», agregó.
Durante un visita a la Casa Blanca el 14 de abril del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, Trump deslizó su interés en enviar a El Salvador a estadounidenses.
Afirmó que ya había pedido a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, que estudiara la viabilidad jurídica de esta posibilidad, considerada totalmente inconstitucional por los expertos.
– «Esquema del terrorismo de Estado» –
El historiador Timothy Snyder vio en este encuentro «el comienzo de una política estadounidense de terrorismo de Estado que debe ser identificada como tal».
«Por horrible que sea todo esto, en esencia no deja de ser terrorismo de Estado, una prueba para ver cómo reaccionarán los estadounidenses», escribió en su blog, e instó a los ciudadanos a movilizarse.
Trump también ha presionado a firmas de abogados vinculados a sus opositores políticos o a fiscales que lo investigaron en el pasado.
Mediante una orden ejecutiva, retiró las autorizaciones para acceder a información protegida a abogados de algunas firmas, restringió su acceso a edificios federales, así como el contacto con funcionarios del gobierno, y rescindió contratos de la Casa Blanca con algunos bufetes.
Varios despachos de abogados han llevado sus casos a los tribunales, pero otros optaron por aceptar las nuevas condiciones a cambio de llevar servicios legales en causas afines a Trump.
El abogado libertario Clark Neily, del Cato Institute, considera que «el poder judicial ha contribuido a crear un escenario sin rendición de cuentas para funcionarios gubernamentales que abusan de su poder y violan los derechos de las personas».
«Esta administración está explorando ese espacio como un mono drogado con cocaína», apuntó.
