Sin republicanos aprueban el plan social y climático
Dejando de lado meses de divisiones internas, los demócratas lograron que una Cámara de Representantes fuertemente dividida aprobara su amplio proyecto de ley social y ambiental de 2 billones de dólares, el viernes. El presidente Joe Biden y su partido, aprovechando su control del gobierno, canalizaron los recursos públicos hacia sus prioridades en política interior.
La cámara baja aprobó el proyecto por 220 votos contra 213 y lo envió al Senado, donde los reclamos de reducción de costos del senador demócrata moderado Joe Manchin y las estrictas reglas de la cámara alta presagian cambios significativos. Se prevén nuevas disputas entre las alas centrista y progresista del Partido Demócrata que tomará semanas resolver.
La votación en la Cámara de Representantes dio a Biden una victoria momentánea y probablemente cierto alivio durante lo que parece haber sido el período más difícil de su presidencia. Lo acosan la caída de su popularidad en las encuestas, los temores de los votantes ante la inflación, las cadenas de suministros trabadas y la persistencia de la pandemia de coronavirus que en suma hacen temer a los demócratas que sus esfuerzos legislativos no llegan a la conciencia de los votantes.
“Si eres un padre, un anciano, un niño, un trabajador, si eres un estadounidense esta ley es para ti”, dijo la presidenta de la cámara, Nancy Pelosi, resaltando los esfuerzos de los demócratas por llegar a la opinión pública.
La aprobación final del proyecto fue demorada por el líder del bloque republicano, Kevin McCarthy, quien el jueves criticó a Biden, los demócratas y el proyecto durante ocho horas y media, el discurso más largo que se haya pronunciado en la cámara. Cuando terminó, cerca de la madrugada, se declaró un receso breve y decenas de legisladores delegaron sus votos a colegas.
De pie, McCarthy gritaba y en ocasiones carraspeaba. Los demócratas lo abucheaban o emitían gemidos esporádicamente mientras McCarthy les dedicaba miradas furiosas.
Precios de fármacos
El amplio proyecto de ley aprobado contiene una disposición poco conocida, mediante la cual los trabajadores y familias estadounidenses que cuenten con un seguro médico privado podrán ahorrar en medicamentos recetados. Su objetivo es romper el ciclo de aumentos anuales de los precios de los medicamentos más utilizados.
La disposición obligaría a las farmacéuticas a pagar reembolsos al programa federal Medicare si aumentan los precios de sus medicamentos por encima de la tasa de inflación. Los medicamentos vendidos en planes privados incluirían la penalización como si fuera un impuesto sobre el aumento de los precios.
El tema está dividiendo a los grupos empresariales en una fuerte batalla de presión política.
Los grupos empresariales centrados en las prestaciones asequibles para los empleados quieren mantener el lenguaje tal y como está, de modo que proporcione protección contra el aumento de precios para las empresas y sus trabajadores, y no sólo para los afiliados a Medicare. Otros grupos, como la influyente Cámara de Comercio, apoyan la iniciativa de la industria farmacéutica de bloquear las restricciones a los precios, incluidos los topes de inflación, alegando que ahogarían la innovación.
Los topes a la inflación tendrían un impacto de gran alcance para nada menos que 180 millones de estadounidenses con seguro privado.
“Muchas personas no se dan cuenta de que el proyecto de ley se aplica y ayudará a los asegurados privados”, comentó Shawn Gremminger, director de políticas de salud en el Purchaser Business Group on Health.
“Pero eso no es algo seguro. Tal y como está estructurada actualmente, ese sería el escenario. Pero hemos estado preocupados y seguiremos preocupados de que eso cambie», explicó. Su coalición representa a casi 40 grandes empresas que dan cobertura a más de 15 millones de trabajadores, jubilados y sus familias.
