Senado aprueba que enfermos mentales puedan comprar armas
Jossmar Castillo
Washington Hispanic
l Congreso se puso a trabajar nuevamente, pero en vez de pensar en una tan prometida alternativa para reemplazar la Ley de Salud Asequible, conocida como Obamacare, eliminó a mediados de este mes la regulación que restringía a personas con enfermedades mentales su derecho a comprar un arma de fuego.
Con 57 votos a favor y 43 en contra, un senado controlado por mayoría republicana se deshizo de una regulación puesta en vigencia no hace mucho por el gobierno pasado con el fin de reducir las víctimas de tiroteos masivos, que en promedio rondan las 33 mil personas al año.
La regulación establecía que la Administración del Seguro Social (SSA) debía reportar al Sistema Nacional de Chequeo de Antecedentes Criminales Instantáneo (NICS, en inglés) a aquellas personas incapaces de trabajar por enfermedades mentales severas y que no pueden manejar sus propios beneficios financieros, pues los haría no elegibles para comprar armas.
Pero los legisladores republicanos en el congreso, que tienen una larga relación de amistad con la Asociación Nacional de Rifle (NRA, en inglés), una organización a favor de la tenencia de armas, convencieron a un par de demócratas para acabar con la aplicación de esta regulación.
El senador republicano de Iowa, Chuck Grassley, justificó la medida argumentando que el mandato hacía que personas que no debían estar en esa lista le fuera violado su derecho constitucional a portar armas, sin embargo, la regulación permitía proceso de apelación.
Del otro lado del pasillo los republicanos ven que esta medida debilita el sistema federal.
El presidente Donald Trump será quien tenga la última palabra al aprobar o vetar la decisión.
La norma afianzaba el sistema de supervisión de quienes deseaban comprar armas de fuego, al exigirle a la Administración de la Seguridad Social incluir en la base de datos a los beneficiarios que sufran de enfermedades mentales y que dependan de otra persona para recibir sus beneficios.
Pero los detractores denunciaban que la norma era demasiado amplia y que discriminaba contra las personas que sufren de trastornos psiquiátricos. Ahora que un republicano ocupa la Casa Blanca, los republicanos se han apresurado a anular muchas normas aprobadas durante la presidencia de Barack Obama.
La norma había sido aprobada como parte de los esfuerzos del gobierno por restringir a los compradores dearmas, tras la matanza en el 2012 de 20 alumnos y seis docentes en la Escuela Sandy Hook en Newtown, Connecticut. Adam Lanza, un joven de 20 años con trastornos psiquiátricos, mató a tiros a su madre en su casa y de allí fue a esa escuela donde perpetró la masacre y luego se suicidó.
Pero los republicanos en el Congreso, aliados con la National Rifle Association (organización estadounidense que defiende los derechos de compra y tenencia de armas) y con activistas que abogan por los discapacitados, lograron que el poder legislativo derogara la ley.
El senador republicano Charles Grassley lideró los esfuerzos por anular la ley, a la que denunció como injusta hacia los discapacitados y violatoria de su derecho constitucional de tener armas. Explicó que los trastornos psiquiátricos enumerados en la ley «están definidos de una manera muy vaga que no se adecúan a lo establecido en las normas federales como alguien que tiene defectos mentales».
Mencionó como ejemplo gente que sufre de insomnio o de irregularidades para comer, como la anorexia.
«Si un individuo específico es susceptible de sufrir arranques de violencia debido a su condición mental, es responsabilidad del gobierno demostrarlo», comentó Grassley.
La norma no se aplicará sino hasta diciembre y abarca sólo a las personas que reciben pagos del gobierno por estar discapacitados. Sin embargo, las personas que hayan sido añadidas a la base de datos antes de su edad de jubilación podrían permanecer en la lista después de esa edad.
El senador demócrata Chris Murphy denunció que el Congreso esté haciendo más fácil, y no más difícil, que alguien con trastornos mentales pueda comprar un arma.
«Si una persona no está en capacidad de administrar su propia vida, ¿cómo podemos esperar que esté en condiciones de manejar un arma peligrosa y letal?» se preguntó.
