Restauran pena de muerte por delitos federales
Redacción
Washington Hispanic
Por primera vez después de 16 años, el gobierno ejecutará a condenados a muerte por delitos federales, anunció el Departamento de Justicia, reavivando un castigo poco usado promovido por el presidente Donald Trump y que encontró de inmediato la reacción adversa de la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos del país.
Cinco reos sentenciados a muerte están programados para ser ejecutados a partir de diciembre, todos dentro de un lapso de seis semanas. En comparación, sólo ha habido tres ejecuciones desde que la pena de muerte federal fue reinstaurada en 1988 y 37 en total de 1927 al 2003.
Hay 61 reos federales condenados a muerte, de acuerdo con Death Row USA, un reporte trimestral del Fondo para Defensa Legal y Educativa de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por sus iniciales en inglés).
Algunos de los reos de alto perfil condenados a morir son Dylann Roof, quien es blanco y mató a nueve miembros negros de una iglesia de Carolina del Sur en 2015, y Dzhokhar Tsarnaev, que detonó las bombas cerca de la línea de llegada del maratón de Boston en el 2013, dejando tres muertos y más de 260 heridos.
En el 2014, tras una ejecución estatal en la que surgieron problemas en Oklahoma, el entonces presidente Barack Obama ordenó al departamento realizar una evaluación de la pena capital y asuntos relacionados con los fármacos utilizados en las inyecciones letales.
Dicha evaluación ya se concluyó, indicó el departamento, el cual dio luz verde para la reanudación de las ejecuciones.
En un comunicado, el secretario de Justicia, William Barr, dijo que su oficina “se apega al estado de derecho y, por las víctimas y sus familiares, estamos obligados a seguir adelante con las sentencias impuestas por nuestro sistema judicial”.
Barr aprobó un nuevo procedimiento para las inyecciones letales que reemplaza el cóctel de tres fármacos –que antes se usaba en ejecuciones federales- por una sola sustancia: pentobarbital. Esto es similar al procedimiento usado en varios estados como Georgia, Missouri y Texas.
Aunque no ha habido una ejecución federal desde el 2003, el Departamento de Justicia ha seguido aprobando los juicios en los que se pretende aplicar la pena de muerte y las cortes federales han sentenciado a acusados a este castigo.
Obispos en contra
El martes 30 de julio, en una declaración, el presidente del Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Frank J. Dewane, expresó la oposición de ese organismo a la medida.
Dewane aludió al discurso del Papa Francisco ante el Congreso durante su visita apostólica de 2015 a los Estados Unidos, “donde reiteró los puntos de vista de sus predecesores al pedir la abolición global de la pena de muerte”. También dijo que “el castigo nunca debe excluir la dimensión de la esperanza y el objetivo de la rehabilitación”. Como lo establece ahora el Catecismo de la Iglesia Católica, ‘la pena de muerte es inadmisible porque es un ataque contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona’.
Finalmente, el dignatario eclesiástico hizo un urgente llamado a los funcionarios federales para que tomen en cuenta estas enseñanzas “y decidan descartar los planes anunciados para implementar la pena de muerte una vez más”.
