Nuevas medidas migratorias alteran rutina de migrantes
Washington Hispanic
AP
n todo Estados Unidos, las nuevas medidas del presidente Donald Trump dirigidas a los cerca de 11 millones de inmigrantes que viven sin autorización en el país han creado temor y ansiedad, y han hecho que muchos se preparen para ser arrestados y alteren sus rutinas diarias con la esperanza de evitar la deportación.
En el condado Orange, California, docenas de inmigrantes han firmado poderes notariales para autorizar a familiares y amigos a que recojan a sus hijos de la escuela, y a que ingresen a sus cuentas bancarias para pagar facturas en caso de que agentes de inmigración arresten a los padres.
En Filadelfia, los inmigrantes portan guías de bolsillo «Conoce tus derechos», en español e inglés, que explican lo que deben de hacer si es que son detenidos.
Y en Nueva York, la mexicana Zuleima Domínguez, de 23 años, y algunos de sus familiares tienen cuidado al abrir la puerta, y se preocupan y comienzan a hacer llamadas cuando alguien no llega a casa a tiempo.
En El Paso, Texas, Carmen Ramos y sus amigos han creado una red para mantenerse todos en comunicación a través de mensajes de texto y avisarse sobre los puntos de revisión que establecen las autoridades migratorias.
Ramos agregó que se está asegurando de que todo lo que hace esté siempre de acuerdo a lo que manda la ley. Revisa las luces traseras de su auto antes de salir de su casa para asegurarse de que estén funcionando. No maneja por encima del límite de velocidad y siempre está al tanto de sus alrededores.
«Nos sorprende que hasta una multa te puede enviar de regreso a México», dijo Ramos, de 41 años, quien junto con su esposo y sus tres hijos emigraron de Ciudad Juárez en el 2008, debido a la violencia causada por el narcotráfico y a amenazas de muerte. Entraron a Estados Unidos con visas de turista y se quedaron después de que éstas vencieron.
«No tendríamos a dónde regresar», puntualizó.
La ansiedad entre los inmigrantes que carecen de permiso de residencia en el país ha ido aumentando en los últimos meses, pero se intensificó en las últimas semanas después de que el gobierno de Trump envió señales cada vez más claras de que desecharía la política del gobierno anterior, que era dar prioridad a la deportación de inmigrantes convictos de delitos graves.
El martes, el gobierno federal anunció que todos los inmigrantes sin autorización y que han sido acusados o declarados culpables de delitos, e incluso los sospechosos de haber cometido un delito, estarán en la lista de prioridades de las autoridades migratorias. Esto podría incluir gente arrestada por robo de prendas y otros delitos menores, o que simplemente cruzó la frontera de manera ilegal.
Algunos inmigrantes temen la deportación de sus parejas que no cuentan con documentación de legalidad. Y muchos están preocupados de que las deportaciones separen a padres de sus hijos nacidos en Estados Unidos.
«La gente se está resguardando porque tiene miedo», dijo Roberto G. Gonzales, profesor asistente de sociología en la Universidad Harvard, cuya investigación se enfoca en inmigrantes y jóvenes latinos.
Decenas de inmigrantes comenzaron a presentarse en oficinas de grupos activistas en Filadelfia e hicieron preguntas como «¿quién cuidará a mis hijos si me deportan?».
Se les orienta también sobre cómo preparar un «plan de deportación» que incluye el nombre y número de un abogado y otros contactos de emergencia si los arrestan.
Una organización en Austin, Texas, que opera una línea telefónica para reportar casos de deportación indicó que normalmente recibía una o dos llamadas en varios días. Después de las últimas redadas migratorias el teléfono no dejaba de sonar.
«Tenemos más de 1.000 llamadas telefónicas en tres días con relación a las redadas», dijo Cristina Parker, directora de programas de inmigración para el organismo Grassroots Leadership. «Y ciertamente muchas de ellas eran de personas que querían información sobre las redadas, y decían: ‘Estoy asustado, estoy preocupado, ¿qué puedo hacer?’… Muchas eran de personas que resultaron afectadas por las redadas, que vieron a un amigo o a un familiar al que se llevaban».
En Los Ángeles, los inmigrantes asisten a cursos para conocer sus derechos, pero también han llamado para avisar que tienen miedo de ir por sus hijos a la escuela, dijo Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles.
Los inmigrantes de la zona de Chicago han dicho que tienen miedo de conducir, y algunos incluso desconfían de utilizar el transporte público. Cuando la policía de Chicago y agentes federales efectuaron este mes revisiones de rutina en una línea ferroviaria, muchos creyeron que se trataba de un retén de inmigración.
Lo sucedido se difundió con tanta rapidez que la policía de Chicago emitió un comunicado en el que le dijo a los inmigrantes: «Ustedes son bienvenidos aquí».
En Arizona, la inmigrante Abril Gallardo dijo que las políticas han provocado nuevas conversaciones con sus padres y hermanos. Su padre, que está en el país sin permiso, se aseguró de que todas las luces traseras de la camioneta que conduce a su trabajo de la construcción en el área de Phoenix funcionen. Si alguien llama a la puerta se asoman por la ventana para ver de quién se trata.
Su hermano se va a casar el fin de semana, y sus amigos inmigrantes se mostraron reacios a conducir hasta el lugar de la fiesta.
«Llevamos una vida normal, pero con esta nueva orden ejecutiva, cualquiera, tan solo por el hecho de estar aquí, puede convertirse en una prioridad», dijo Gallardo, de 26 años, cuya situación está en regla gracias a una política del gobierno del expresidente Barack Obama que impide la deportación de personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.
En Miami, una mexicana de 34 años y madre de dos hijos dijo que intercambia mensajes por celular y Facebook con amigos sobre las calles por las que es mejor no transitar para evitar los controles de inmigración.
Va en coche a su trabajo y lleva a sus hijos a la escuela aunque carece de licencia. Le ha sido imposible conseguirla porque vive sin permiso en el país. Aceptó ser identificada sólo por su nombre, Marina, por temor a que la deporten.
En el Bronx, una estudiante universitaria de apellido Domínguez, que tiene permiso para estar en el país por el programa de Obama, piensa en lo que tendrá hacer para cuidar a su hermano, de 6 años, y hermana, de 11, ambos nacidos en Estados Unidos, en caso de que sus padres sean deportados.
Ahora, cuando sale de casa, dice a los demás a dónde va, con quién, y a qué hora regresará, y espera que sus padres y hermanos hagan lo mismo. Si alguien va a llegar tarde «avisamos por teléfono», agregó Domínguez.
Contribuyeron a este despacho los reporteros de The Associated Press Sophia Tareen, desde Chicago; Adriana Gómez Licón, desde Miami; Astrid Galván, desde El Paso, Texas; y Errin Haines Whack desde Filadelfia.
