Les separaron a sus hijos y ahora los extorsionan
Para esta mujer de 30 años, lo peor parecía haber pasado ya. Atrás quedaron los duros momentos de 2018, cuando funcionarios la separaron de su hijo de entonces seis años en la frontera sur bajo las políticas de “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump ante la inmigración ilegal.
Ella vive ahora con su hijo y trabaja en construcción en Carolina del Norte. Sin embargo, enfrenta un nuevo problema: intentos de extorsión a familiares suyos en Honduras por parte de pandillas que creen que ella ha recibido miles de dólares en compensación económica.
La madre de esta hondureña ha recibido notas escritas exigiendo 5.000 dólares mensuales, asegura ella.
“Aparentemente yo soy millonaria”, dijo la inmigrante, quien habló en condición de anonimidad por motivos de seguridad. “Porque la verdad es que yo no tengo dinero para pagar esa cantidad y la verdad es que yo tampoco sé cómo hacer. Realmente estoy desesperada”, agregó.
Las denuncias recientes de extorsión, reportadas por pocas familias a un abogado, han ocurrido tras titulares recientes en los medios de comunicación hablando sobre posibles pagos a estas familias por parte del gobierno.
Los casos parecen incidentes aislados. Aun así, el problema de la extorsión en América Central es generalizado y la razón por la cual muchos piden asilo en Estados Unidos. Activistas y abogados temen que potencial compensación económica a familias que fueron separadas genere más amenazas. Ningún pago se ha realizado y no está claro que se realice alguno en el futuro.
Ricardo de Anda, un abogado de la mujer y de otras familias ha pedido al gobierno que considere la admisión de más parientes en el país, debido a esta extorsión.
Las negociaciones entre las familias y el gobierno se paralizaron después de que el diario Wall Street Journal reportó que el Departamento de Justicia estaba considerando pagar 450.000 dólares por persona -o 900.000 por padre e hijo- para compensar por el sufrimiento tras las separaciones. Una persona familiarizada con las negociaciones y que habló con AP en condición de anonimidad confirmó que esa cifra había sido mencionada.
“La gente piensa que tengo muchísimo dinero”, dijo un hombre de 47 años, dueño de un negocio en el norte de Guatemala y cuya esposa e hijo fueron separados en la frontera sur hace más de tres años. El guatemalteco dice que vive con miedo y cambia de número de teléfono celular cada dos semanas. Su ansiedad aumentó tras las noticias de potenciales pagos del gobierno estadounidense a familias separadas.
De Anda, abogado de la mujer hondureña y el guatemalteco, dijo que cinco de las 72 familias que fueron separadas y que él representa le dijeron que fueron amenazadas tras titulares hablando de esos posibles pagos. Una familia en Guatemala fue blanco de un intento de secuestro, dijo.
“Estas familias nos han dicho que ahora se rumorea sobre ellas en sus comunidades (en Latinoamérica) por la supuesta riqueza de la que gozan sus familiares que se encuentran en Estados Unidos. Dicen que están siendo vigilados por supuestos grupos criminales, y que han sido avisados de que tengan cuidado ya que las pandillas los consideran víctimas de extorsión”, escribió De Anda a Michelle Brané, la directora ejecutiva de la Junta de Reunificación Familiar, del Departamento de Seguridad Interna (DHS).
De Anda ha pedido al gobierno que admita en Estados Unidos a parientes de familias que fueron separadas y que han sido amenazados tras los titulares sobre pagos. El gobierno de Biden se ha enfocado en reunir a padres y niños que fueron separados, pero ha asegurado que considerará sumar a parientes adicionales dependiendo de cada caso.
