Juez busca acuerdo en demanda de derechos civiles por ‘Alligator Alcatraz’
Un juez federal de Florida quiere que abogados de derechos civiles y abogados de Estados Unidos y de Florida se reúnan el próximo mes para llegar a un acuerdo en una demanda sobre si los detenidos en un centro de inmigración en los Everglades conocido como «Alligator Alcatraz» tienen acceso adecuado a representantes legales.
Durante una audiencia de estado el lunes, la jueza de distrito estadounidense Sheri Polster Chappell fijó una conferencia para el 16 y 17 de diciembre en su sala del tribunal de Fort Myers.
«Creo que estamos más cerca de llegar a un acuerdo en muchos temas que antes», dijo Polster Chappell. «Y creo que las partes pueden sentarse a la mesa y llegar a acuerdos razonables que no resulten excesivamente onerosos para los demandados, sino que también permitan a los demandantes tener los derechos que merecen».
Los abogados que representan a los detenidos en el centro solicitan una orden judicial preliminar para facilitar que sus clientes se reúnan y se comuniquen con ellos. El centro de detención fue construido el verano pasado en una pista de aterrizaje remota en los Everglades por la administración del gobernador republicano Ron DeSantis .
Eunice Cho, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), declaró el lunes que los abogados de los detenidos deben concertar una cita con tres días de antelación, a diferencia de otros centros de detención, donde pueden presentarse durante el horario de visita. Señaló que los detenidos suelen ser trasladados a otros centros después de que sus abogados hayan concertado una cita y que las demoras en la programación han sido tan prolongadas que los detenidos no pueden reunirse con sus abogados antes de las fechas límite clave.
Nicholas JP Meros, abogado del estado, dijo que la mayoría de las preocupaciones planteadas inicialmente por los detenidos y sus abogados se han abordado y que los retrasos anteriores se debieron a intentar construir una instalación para miles de detenidos en un área remota con poca infraestructura.
Una tercera demanda afirma que la inmigración es un asunto federal y que las agencias de Florida y los contratistas privados contratados por el estado no tienen autoridad para operar las instalaciones.
El presidente Donald Trump visitó las instalaciones en julio y sugirió que podrían servir de modelo para futuros centros de detención en todo el país, mientras su administración impulsa la expansión de la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones. Si bien las instalaciones fueron construidas y operadas por el estado y sus contratistas privados, las autoridades federales aprobaron un reembolso a Florida de 608 millones de dólares.
