Hispano sentenciado a prisión por trabajar con una tarjeta de seguro social fraudulenta

Un hombre que usó un documento de identificación falso y el número de seguro social de otra persona fue sentenciado hoy a ocho meses en una prisión federal.

En un acuerdo de culpabilidad, Pérez-Astello admitió que usó una tarjeta de Seguro Social fraudulenta con el nombre y el número de Seguro Social de otra persona cuando completó formularios de empleo e impuestos en noviembre de 2020 en un negocio.

En la solicitud de empleo, Pérez-Astello afirmó falsamente ser ciudadano de los Estados Unidos. Sin embargo, Pérez-Astello había sido deportado a México en enero de 1999, noviembre de 2002 y agosto de 2014 y reingresó ilegalmente a los Estados Unidos sin el permiso del gobierno de los Estados Unidos después de cada deportación.

Juan Pérez-Astello, de 45 años, ciudadano de México que se encuentra ilegalmente en los Estados Unidos y reside en Postville, Iowa, recibió la pena de prisión después de declararse culpable el 21 de abril de 2022 de un cargo de uso ilegal de un documento de identificación.

Pérez-Astello fue condenado en el Distrito Norte de Iowa en mayo de 2014 por reingreso ilegal a los Estados Unidos después de la deportación y sentenciado a seis meses de prisión. Pérez-Astello también fue condenado en el Tribunal de Distrito de Iowa para el condado de Allamakee en diciembre de 1998 por posesión de una tarjeta de residente permanente fraudulenta, también conocida como «tarjeta verde», y una tarjeta de seguro social fraudulenta inmediatamente antes de su primera deportación.

Pérez-Astello fue sentenciado en Cedar Rapids por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos C.J. Williams. Pérez-Astello fue condenado a ocho meses de prisión. También debe cumplir una pena de tres años de libertad supervisada después de la pena de prisión. No hay libertad condicional en el sistema federal.

Pérez-Astello está bajo la custodia del Alguacil de los Estados Unidos hasta que pueda ser transportado a una prisión federal.

El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Daniel C. Tvedt e investigado por el Departamento de Seguridad Nacional, Control de Inmigración y Aduanas, Operaciones de Control y Deportación.