Es legal rastrear celulares sin orden judicial
Washington Hispanic
AP
a no será necesario que la policía requiera una orden judicial para obtener información sobre la ubicación de teléfonos celulares durante una investigación criminal.
Esta semana una corte federal de apelaciones de los Estados Unidos, dejó la puerta abierta para facilitar la vigilancia de sospechosos de crímenes, en contra de una decisión de un juzgado que, en 2015, determinó que las informaciones obtenidas de torres de telefonía celular estaban protegidas por la constitución.
La Cuarta Corte Circuital de Apelaciones de los Estados Unidos, con sede en Richmond, Virginia, con 12 votos a favor y tres en contra, concluyó que la Cuarta Enmienda permite que el gobierno acceda a información de localización de las torres celulares.
La Cuarta Enmienda dice que “el derecho de la gente a estar segura en sus personas, casas, papeles y bienes, contra la búsqueda e incautación irrazonable, no será violada”.
Sin embargo, la jueza en favor de la reciente medida, Diana Gribbon Motz, justificó que esta enmienda no cubre información sobre localización, datos que carecen de contenido y que los clientes comparten con su proveedor de servicio cada vez hacen una llamada.
Como era de esperarse, esta última evolución de la norma generó reacciones en contra por parte de grupos que creen que definitivamente se viola el derecho de las personas a la privacidad.
“La decisión del 4to Circuito no es la última palabra en este tema”, afirmó Nathan Freed Wessler, abogado del Proyecto Discurso, Privacidad y Tecnología de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos dice que la policía no necesita una orden judicial para obtener información sobre ubicaciones de celulares durante investigaciones criminales.
La decisión del martes de la Corte de Apelaciones del 4to Circuito por votación de 12-3 revierte un fallo del año pasado de un panel de tres jueces que estipulaba que la protección constitucional contra una búsqueda y confiscación inadmisible requiere que la policía obtenga una orden judicial para información obtenida de torres de telefonía celular.
La corte de apelaciones afincada en Richmond ahora coincide con las otras tres únicas cortes federales de apelaciones que han abordado el tema, lo que hace menos probable que la Corte Suprema de Estados Unidos considere el caso. Meghan Skelton, abogada de los dos hombres de Maryland que impugnaron el uso de registros de torres de telefonía celular, replicó que aun así le pedirá a la Corte Suprema que lo revise porque hay desacuerdo entre los circuitos en algunos de los temas subyacentes.
“La decisión del 4to Circuito no es la última palabra en este tema”, afirmó Nathan Freed Wessler, abogado del Proyecto Discurso, Privacidad y Tecnología de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
La ACLU fue una de varias organizaciones que presentaron opiniones de amigos de la corte en el caso que involucra a dos hombres convictos de una serie de robos a mano armada en el área de Baltimore.
La policía usó registros de torres de telefonía celular para rastrear los movimientos de los hombres y vincularlos con los robos.
La jueza Diana Gribbon Motz escribió en el dictamen mayoritario que desde hace mucho tiempo la Corte Suprema ha sostenido que la Cuarta Enmienda no protege información que una persona entrega voluntariamente a un tercero; en este caso, los proveedores del servicio de telefonía del acusado.
“El gobierno no escuchó, registró o, en cualquier otra forma, se involucró en una vigilancia directa de los acusados para obtener esta información”, escribió. El fiscal federal Rod J. Rosenstein indicó en entrevista telefónica que es importante señalar que la policía aún debe obtener una orden judicial para tener acceso a los datos de la torre de telefonía celular.
Por su parte, el juez de la corte de apelaciones James A. Wynn escribió que la llamada “doctrina de tercera persona” exime de la protección de la Cuarta Enmienda a la información que es voluntariamente transmitida por su propietario. Dijo que es poco probable que un usuario de celular crea que voluntariamente renuncia a la información de su ubicación que es capturada por el servicio del proveedor, así que dicha doctrina no debería aplicarse.
Skelton señaló que el análisis de Wynn es correcto.
“El hecho de cargar un celular no es una invitación para que el gobierno rastree nuestros movimientos”, dijo.
