Endurecen leyes antiinmigrantes
Víctor Caycho
Washington Hispanic
on sendas votaciones de la mayoría republicana, la Cámara de Representantes aprobó el jueves 29 dos proyectos de ley, una de las cuales dispone recortar fondos a las llamadas ‘ciudades santuario’ y otra que aplica sanciones más drásticas contra los deportados que reincidan y crucen nuevamente la frontera sur.
La aprobación de ambas iniciativas encontró de inmediato el respaldo del presidente Donald Trump, quien las calificó como “medidas cruciales para salvar y proteger las vidas de los estadounidenses”.
Por el contrario, legisladores agrupados en el Caucus Hispano del Congreso expresaron su desaprobación por las dos medidas, al señalar que “violan los principios de derechos estatales y recorta fondos críticos para las agencias de la ley y el orden en los vecindarios del país”.
La legislación contra las ‘ciudades santuario’ fue aprobada por 228 votos a favor y 195 en contra, mientras la que endurece los castigos contra los deportados reincidentes, conocida como “Ley Kate” -en nombre de Kate Steinle, una mujer que murió asesinada por un inmigrante ilegal que había sido deportado cinco veces -, alcanzó 257 votos por el ‘Sí’ y 167 por el ‘No’.
En una declaración, Trump indicó que la iniciativa denominada ‘Ley Contra el Santuario para Criminales’, dispone recortar “la entrega del dinero de los contribuyentes a las ciudades que impiden a la policía entregar a peligrosos criminales extranjeros a las autoridades federales”.
El presidente Donald Trump consideró que las dos medidas contra la inmigración ilegal aprobadas por la Cámara Baja el miércoles 29 dan cumplimiento a dos de sus promesas de campaña. Y se refirió en especial cuando se reunió “con familias afligidas que hacían la misma súplica: los legisladores deben poner la seguridad de las familias estadounidenses primero”.
“Hoy, aplaudo a la Cámara de Representantes por aprobar dos medidas cruciales que salvan y protegen las vidas de los americanos… son leyes vitales para nuestra seguridad pública y la seguridad nacional”, señaló en una declaración difundida por la Casa Blanca.
El presidente puso énfasis en la legislación contra los deportados reincidentes y dijo que “cada año, incontables estadounidenses son víctimas, asaltados y asesinados por inmigrantes ilegales que habían sido deportados múltiples veces”, y añadió que “es el momento de poner fin a estas tragedias”.
En cuanto a la otra iniciativa que recorta fondos a las ‘ciudades santuario’, Trump aseveró que ellas “están liberando a violentos criminales, incluyendo miembros de la sanguinaria pandilla MS-13, que regresa a nuestras calles cada día”.
Asimismo, el mandatario sostiene que “la implementación de estas políticas hará más seguras a nuestras comunidades”, y advirtió que “oponerse a estas leyes y permitir que peligrosos criminales retornen a nuestras comunidades, nuestras escuelas y a los vecindarios donde juegan nuestros niños nos pone a todos nosotros en riesgo”.
Las dos medidas aprobadas por la Cámara Baja pasarán al Senado
Respuesta nacional
Antes de la aprobación de estos dos proyectos, líderes de los inmigrantes se habían movilizado en todo el país contra su aprobación en la Cámara de Representantes. Entre ellas se encontraban más de 400 organizaciones comunitarias, religiosas y de defensa de los derechos civiles, a nivel estatal, local y nacional.
A ellos se unieron la Orden Fraternal de la Policía, el Law Enforcement Immigration Task Force y la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos.
Por su parte, el Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos (NHCSL, por sus siglas en inglés), advirtió que las medidas aprobadas “pueden poner en mayor peligro a las comunidades”, y las considera como una “defectuosa, cruel y peligrosa legislación”, según dijo el director ejecutivo de NHCSL, el abogado Kenneth Romero Cruz.
Además, el Caucus Hispano argumenta que tanto el “Proyecto de Ley Contra el Santuario para Criminales” (H.R. 3003) y el proyecto “Kate’s Law” (H.R. 3004) “violan los principios de derechos estatales y recortaría fondos críticos para las agencias de ley y orden en vecindarios del país”.
“Usar a los inmigrantes como chivos expiatorios está mal de por sí”, sostiene más adelante, y menciona que “en varios casos el Tribunal Supremo ha establecido que el gobierno federal no puede negarle fondos federales a los estados que rehúsen aplicar acciones federales de esta manera”.
