Eliminan política “Esperar en México” por pedidos de asilo

La Corte Suprema de Estados Unidos falló el jueves que el gobierno de Joe Biden puede anular una política de inmigración de su predecesor Donald Trump que estaba en el centro de los intentos para disuadir a los solicitantes de asilo, forzando a muchos a esperar en México. 

Dos jueces conservadores de la corte se sumaron a sus tres colegas liberales en el respaldo a la posición de la Casa Blanca.

Los jueces emitieron su decisión —por 5 votos a favor y 4 en contra- en un caso sobre la política “Permanecer en México”, conocida oficialmente en español como “Protocolos de protección al migrante». Fue implementada durante el gobierno de Trump y registró a unas 70.000 personas tras ser lanzada en 2019.

El presidente Biden suspendió el programa en su primer día en el cargo en enero de 2021, pero varios tribunales inferiores ordenaron que se restableciera en respuesta a una demanda de republicanos de Texas y Missouri. El gobierno federal actual ha enviado a muchas menos personas de regreso a México que el de Trump.

El centro de la disputa legal en el caso de inmigración era el de determinar si las autoridades federales de inmigración, con mucha menor capacidad de detención que la necesaria, tenían que enviar a personas a México o si esas autoridades contaban con discreción bajo la ley federal para dejar a solicitantes de asilo en libertad en Estados Unidos mientras aguardan a ser convocados a sus audiencias.

Después de que Biden suspendió el programa, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, le puso fin en junio de 2021. En octubre, ese departamento presentó justificaciones adicionales para la desaparición de la política, pero los tribunales no les dieron el visto bueno.

El presidente del máximo tribunal, John Roberts, escribió en la opinión de la mayoría que la corte de apelaciones “erró al fallar que” la ley federal de Inmigración y Nacionalidad “requería que el gobierno continuase implementando” la política decretada por Trump. 

Se sumaron su colega conservador Brett Kavanaugh —nombrado por Trump- y los tres jueces liberales de la corte: Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

Kavanaugh escribió por separado que en general, cuando no existe capacidad suficiente para detenciones, tanto dejar en libertad a los solicitantes de asilo en Estados Unidos como enviarles de regreso a México “son opciones legalmente permisibles bajo las leyes de inmigración”.

El profesor de derecho Stephen Yale-Loehr, de la Universidad de Cornell y experto en inmigración, dijo que el gobierno de Biden no tiene que tomar pasos adicionales para poner fin a la política, pero Texas y Missouri pueden impugnar para que se determine si el gobierno federal siguió los procedimientos adecuados para suspender el programa o no.

Debido a fallos de tribunales inferiores, el programa se reanudó en diciembre, pero el gobierno federal apenas había registrado a 7.259 migrantes, de los cuales aproximadamente 6 de cada 10 eran nicaragüenses. 

El gobierno ha dicho que aplicaría la política a nacionalidades menos propensas a estar sujetas a los límites al asilo aplicados por la pandemia de COVID-19. Las malas relaciones diplomáticas con Nicaragua le dificultan extremadamente a Estados Unidos repatriar a los ciudadanos de ese país bajo la regla de la pandemia, conocida como Título 42.