EEUU rescinde política de “tolerancia cero” en la frontera
AP
Washington Hispanic:
El Departamento de Justicia rescindió el martes un memorando emitido por el gobierno del expresidente Donald Trump que estableció la política de “tolerancia cero” para los migrantes que cruzaran la frontera sur de Estados Unidos de manera ilegal, lo que resultó en la separación de miles de familias.
El secretario interino de Justicia, Monty Wilkinson, emitió el nuevo memorando, en el cual señala que el departamento regresaría a su política anterior e instruye a los fiscales federales de todo el país a actuar según lo amerite cada caso individual.
El funcionario señaló que los principios del departamento han “enfatizado durante mucho tiempo que las decisiones sobre la presentación de cargos penales deberían involucrar no sólo una determinación de que se ha cometido un delito federal y que las pruebas admisibles probablemente serán suficientes para obtener y sostener una condena, sino que también deberían tener en cuenta otros factores individuales, como las circunstancias personales y los antecedentes penales, la gravedad del delito y la sentencia probable u otras consecuencias que resultarían de una condena”.
La política de “tolerancia cero” significaba que cualquier adulto que fuera detenido luego de cruzar la frontera de manera ilegal sería procesado por una entrada ilícita. Debido a que los niños no podían estar encarcelados con sus familiares, las familias de migrantes fueron separadas y los pequeños fueron puestos bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el cual se encarga de los niños que cruzan la frontera sin compañía de un adulto.
Aunque la rescisión de la “tolerancia cero” es en parte simbólica, sí deshace la política sumamente impopular implementada por el gobierno de Trump que es responsable de la separación de más de 5.500 niños de sus padres en la frontera de Estados Unidos con México.
La mayoría de las familias no han sido procesadas bajo la política desde 2018, cuando se suspendieron las separaciones, aunque éstas han continuado en menor escala. En la práctica, el fin de la política afectará principalmente a los hombres que han ingresado a la nación solos y de manera ilegal.
Los procesos habían disminuido significativamente después de que el gobierno de Trump declarara una emergencia sanitaria relacionada con la pandemia de coronavirus, la cual le permite expulsar inmediatamente a los mexicanos y a los centroamericanos sin aplicar las leyes de inmigración.
“Aunque las políticas pueden cambiar, nuestra misión sigue siendo siempre la misma: buscar la justicia en apego a la ley”, escribió Wilkinson en el memo.
El presidente Joe Biden ha emitido un decreto para deshacer algunas de las políticas restrictivas implementadas por Trump, pero el gobierno anterior ha alterado tanto el panorama de la inmigración que tomará bastante tiempo desenredar todos los cambios importantes. Algunos padres que fueron separados de sus hijos fueron deportados. Los defensores de las familias han pedido a Biden que permita que esas familias se reúnan en Estados Unidos.
El entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, junto con Trump y otros funcionarios de alto rango en su gobierno, estaban decididos a reducir la inmigración. La política de “tolerancia cero” fue una de varias políticas restrictivas dirigidas a disuadir a los migrantes de llegar a la frontera sur. El gobierno de Trump también redujo significativamente el número de refugiados permitidos en Estados Unidos y paralizó el asilo en la frontera, a través de una combinación de órdenes ejecutivas y cambios regulatorios.
La política fue un desastre. No se creó un sistema para reunir a los niños con sus familias. Un reporte del inspector general del Departamento de Justicia publicado hace unas semanas encontró que la política provocó un déficit de financiación de 227 millones de dólares. Los niños sufrieron daños emocionales duraderos a causa de las separaciones y la política fue calificada como inhumana por líderes mundiales.
La política entró en vigor el 6 de abril de 2018 en virtud de una orden ejecutiva que se emitió sin aviso a otras agencias federales que tendrían que gestionar la política, incluido el Servicio de Alguaciles Federales y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Se suspendió el 20 de junio de 2018 y un juez federal ordenó que se reuniera a las familias.
El reporte del inspector general también encontró que Sessions y otros funcionarios de alto rango sabían que los niños serían separados bajo la política y lo alentaron. Los funcionarios del Departamento de Justicia ignoraron las inquietudes del personal sobre la aplicación de la política y no se molestaron en establecer un sistema de seguimiento de las familias para reunirlas. Algunos niños aún están separados de sus padres.
