Declaran culpable a exsecretario de seguridad mexicano
El exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna fue declarado culpable el martes en Estados Unidos de aceptar cuantiosos sobornos para proteger a los violentos cárteles del narcotráfico a los que debía combatir.
Bajo estrictas medidas de seguridad, un jurado anónimo de una corte federal de Nueva York deliberó durante tres días antes de llegar a un veredicto.
Se trata del funcionario o exfuncionario mexicano de más alto rango jamás juzgado en Estados Unidos.
«García Luna, que alguna vez estuvo en lo más alto de la seguridad en México, vivirá ahora el resto de sus días habiendo sido desenmascarado como un traidor a su país y a los honrados miembros de las fuerzas de seguridad que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga”, declaró en un comunicado el fiscal federal de Brooklyn, Breon Peace.
García Luna, que refutó las acusaciones, dirigió la policía federal de México y luego fue el máximo responsable de seguridad pública del país de 2006 a 2012. Sus abogados dijeron que las acusaciones se basaban en mentiras de delincuentes que querían vengarse por su lucha contra el narcotráfico y rebajar sus propias sentencias ayudando a los fiscales.
El exfuncionario mexicano no mostró ninguna reacción al momento de escuchar el veredicto. Su abogado, César de Castro, dijo que la defensa planeaba apelar el veredicto y aseveró que el caso carecía de “pruebas creíbles y fiables”.
“El gobierno se tuvo que conformar con un caso sustentado en algunos de los delincuentes más notorios y despiadados que han testificado en este tribunal”, señaló De Castro afuera de la corte.
García Luna, de 54 años de edad, fue declarado culpable de cargos que incluyen participar en una empresa criminal continua. Podría ser condenado a entre 20 años de cárcel y cadena perpetua. La audiencia de sentencia está prevista para el 27 de junio.
El caso tuvo ramificaciones políticas en ambos lados de la frontera.
El actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha arremetido durante todo el juicio contra el gobierno del expresidente Felipe Calderón por, como mínimo, poner a García Luna al frente de la seguridad de México. El portavoz de López Obrador, Jesús Ramírez, tuiteó tras el veredicto que “la justicia ha llegado para quien fuera escudero» de Calderón y que “los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca”.
Horas después, Calderón expresó en un comunicado, que difundió en su cuenta de Twitter, que el veredicto contra quien fuera su secretario de Seguridad Pública no demerita la lucha de miles de policías, militares, fiscales, jueces y otros servidores públicos, y aseguró que un entorno de polarización y “hostigamiento” que se vive en México, la decisión contra García Luna “está siendo ya usada políticamente para atacarme”.
“Jamás negocié ni pacté con criminales. Jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses”, sostuvo el exmandatario al defender su gestión entre el 2006 y 2012, y agregó que combatió a todas las organizaciones criminales, incluyendo al cártel del Pacífico.
Calderón añadió que tomó las medidas de integración y operación de su equipo de gobierno “con la información disponible”, y que contó con el apoyo y reconocimiento de Estados Unidos en el marco de las iniciativas de cooperación en materia de seguridad.
El trabajo de García Luna lo llevó a conocer a políticos estadounidenses de alto rango, entre otros funcionarios, que lo consideraban un socio clave en la lucha contra el narcotráfico mientras Washington se embarcaba en una iniciativa de 1.600 millones de dólares para reforzar a las fuerzas de seguridad mexicanas y frenar el flujo de drogas.
Dichos funcionarios estadounidenses no fueron acusados de delito alguno, y, aunque las sospechas se cernían desde hace tiempo sobre García Luna, el juicio no profundizó en el grado de conocimiento que tenían los funcionarios estadounidenses sobre ellas antes de su detención en 2019. Sin embargo, López Obrador ha sugerido que Washington investigue a sus propios funcionarios policiales y de inteligencia que trabajaron con García Luna durante el gobierno de Calderón.
Una lista de extraficantes y exfuncionarios mexicanos testificaron que García Luna recibió millones de dólares en efectivo por parte de los cárteles, que se reunió con cabecillas de las bandas de narcotraficantes y que mantuvo a raya a las fuerzas de seguridad.
Los líderes del cártel consideraban a García Luna como su mejor inversión, dijo Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, un exagente de policía que trabajó para los cárteles de forma clandestina y más tarde se convirtió en miembro de uno de ellos.
Villarreal Barragán y otros testigos afirmaron que, bajo la supervisión de García Luna, la policía avisaba a los traficantes de próximas redadas, se aseguraba de que la cocaína pudiera pasar libremente por el país, colaboraba con los cárteles para realizar redadas contra rivales y les hacía otros favores. Un extraficante señaló que García Luna compartió un documento que contenía información de las fuerzas de seguridad estadounidenses sobre un enorme cargamento de cocaína incautado en México en 2007.
Un exnarcotraficante, Óscar Nava Valencia, conocido como “El Lobo”, testificó que escuchó a García Luna y a un funcionario policial de alto rango de ese entonces decir que iban a apoyar a su grupo durante una reunión con los socios de Joaquín “El Chapo” Guzmán en medio de una guerra entre cárteles. Dicha reunión costó al cártel de Sinaloa 3 millones de dólares, de acuerdo con Nava Valencia.
García Luna no testificó en el juicio, aunque su esposa subió al estrado aparentemente con el fin de retratar que sus bienes en México habían sido adquiridos de manera legítima, que eran de clase media-alta, pero no lujosos. La pareja se mudó a Miami en 2012, cuando hubo un cambio de gobierno en México y García Luna se volvió consultor sobre cuestiones de seguridad.
En el juicio también hubo horribles recordatorios de la extraordinaria violencia vinculada al narcotráfico.
Los testigos describieron asesinatos y secuestros cometidos por los cárteles, incluido el secuestro del propio García Luna. Hubo testimonios de policías masacrados y de rivales del mundo de la droga desmembrados, desollados y colgados de puentes cuando las facciones de los cárteles luchaban entre sí mientras compraban protección policial.
García Luna fue arrestado después de que surgieran acusaciones de presuntos sobornos en el juicio de «El Chapo” Guzmán hace unos cuatro años en el mismo tribunal de Nueva York.
El exsecretario también enfrenta varias órdenes de arresto en México y cargos relacionados con contratos de tecnología del gobierno, contratación de prisiones y la malograda investigación estadounidense “Rápido y Furioso” sobre armas que pasaban ilegalmente de Estados Unidos a México. El gobierno mexicano también ha presentado una demanda civil contra García Luna y sus presuntos socios y empresas en Florida, con el fin de recuperar 700 millones de dólares que, según México, obtuvo a través de la corrupción.
