Centroamérica sin TPS
Víctor Caycho
Washington Hispanic
El programa Estatus de Protección Temporal (TPS) que permitía vivir y trabajar a más de 350 mil centroamericanos quedó totalmente cancelado. El último país en recibir el impacto de esta medida fue Honduras.
El viernes 4, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen M. Nielsen, anunció el fin del TPS para los 57,000 hondureños que recibían ese beneficio desde hace casi 20 años y les dio un plazo de 18 meses para que preparen el retorno a su país natal o que busquen regularizar su estatus en caso que puedan hacerlo.
Esta medida se suma a la eliminación del TPS, primero para Nicaragua –con más de 5,000 registrados- y cuyo término definitivo vence el 5 de enero próximo, y luego para los 290,000 beneficiarios de El Salvador, para quienes también se les dio un plazo de 18 meses que vence en septiembre de 2019.
Tras la decisión de la Administración Trump dada a conocer el viernes, el director ejecutivo de la organización CARECEN, Abel Núñez dirigió un llamado a los hondureños con Estatus de Protección Temporal (TPS) para que se registren cuanto antes, en el último proceso de reinscripción al que pueden acogerse.
En una entrevista que ofreció a Washington Hispanic, Núñez los instó para acudir lo más pronto posible a los centros de asesoría legal y someter cada caso de manera personal, “y así estén claros sobre cuál es su camino a seguir”, advirtió.
Dijo que esta exhortación rige para todos los beneficiarios centroamericanos del TPS, “porque hay una escasez de abogados de inmigración y si esperan hasta el último minuto para iniciar su trámite se les va a complicar la situación”.
El anuncio de este nuevo cierre del TPS originó protestas de la comunidad inmigrante, entre ellas una movilización hasta la Casa Blanca, el lunes 7, encabezada por los directores ejecutivos de CASA, Gustavo Torres, y de CARECEN, Abel Núñez.
Núñez se comprometió a ayudar “a toda la gente que venga, y ya hemos aumentado nuestra capacidad dentro de nuestra organización para servir a más personas en sus casos”.
El director ejecutivo de la organización CARECEN lanzó un llamado a los hondureños con Estatus de Protección Temporal (TPS) para que se registren cuanto antes, en el último proceso de reinscripción al que pueden someterse después que el programa que les permitía vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos fuera cancelado por la Administración Trump el viernes 4.
“Primero, regístrense, y aunque es la última decisión que tomarán sobre este tema, deben aprovecharla para estar en la legalidad por los próximos 18 meses de plazo que se les da y que vence el 5 de enero del 2020”, aconsejó Abel Núñez, quien comanda esa organización de ayuda a los inmigrantes en Washington, DC.
Al mismo tiempo, el líder de CARECEN instó a los 57,000 hondureños con TPS que acudan lo más pronto posible a los centros de asesoría legal para que les revisen cada caso de manera personal, “y así estén claros sobre cuál es su camino a seguir”, advirtió.
“Además –explicó Núñez-, hay falta de abogados de inmigración y si esperan hasta el último minuto para iniciar su trámite se les va a complicar la situación”.
El viernes 4 de mayo fue un “día negro” para miles de familias hondureñas protegidas desde hace 19 años de una deportación desde que el devastador huracán Mitch asoló su país.
La decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) era previsible, dado que los otros TPS para El Salvador y Nicaragua –entre otros países- siguieron una ruta similar en los últimos meses.
La Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen M. Nielsen, dijo que la designación de Honduras al TPS estaba cancelada, “con una fecha de vigencia retrasada de 18 meses que permitirá una transición ordenada antes de que termine la designación del 5 de enero de 2020”.
El anuncio de este nuevo cierre del TPS originó protestas de la comunidad inmigrante, entre ellas una movilización hasta la Casa Blanca, el lunes 7, encabezada por Gustavo Torres, de CASA, y Abel Núñez, de CARECEN.
Asesoría legal
Núñez, quien es salvadoreño, instó a las personas comprendidas en esta medida de cancelación del TPS “para que acudan a los centros de asesoría legal, ya sean comunitarios o abogados privados, para que examinen su caso individual”.
“Allí les dirán si se pueden acoger a mecanismos de protección, si califican para otro beneficio o tal vez si pueden solicitar el asilo político”, dijo.
También señaló que el TPS, de acuerdo a la Ley de Refugio de EEUU, otorga un año de plazo desde que la persona ingresa al país para solicitar el asilo. “Pero si hay cambios extraordinarios, y la cancelación del TPS lo es, el calendario se vuelve a realinear y entonces sus beneficiarios tienen un año después de que pierdan el TPS para solicitar el asilo”, sostuvo.
Núñez se comprometió a ayudar “a toda la gente que venga, y ya hemos aumentado nuestra capacidad dentro de CARECEN para servir a más personas en sus casos”.
Insistió en que esas personas “no pueden ir solas y sin asesoría legal” cuando gestionen un asilo político o cualquier proceso que requiera la corte. “Si van solos van a tomar una acción muy peligrosa que los puede llevar a perder el caso”, explicó.
Protección de bienes
Núñez destacó por otro lado que la decisión del gobierno no sólo afecta a los ciudadanos hondureños con TPS. “También comprende a más de 275,000 niños que son ciudadanos estadounidenses y que son hijos de beneficiarios del TPS”, expresó.
Dijo también que CARECEN colaborará con socios locales para proteger los bienes que los beneficiarios de TPS han trabajado duramente para adquirirlos en los últimos 20 años.
“No sólo son viviendas, vehículos y otras propiedades –refirió a Washington Hispanic-, sino también las cuentas bancarias y las cuentas de jubilación en muchos casos”.
“Aunque luego de finalizar el TPS no van a perder el dinero o el bien, se les complica el acceso a ellos porque van a perder sus identidades, y si se encuentran en procesos de deportación o toman la decisión de regresar a su país de origen, aún no hay mecanismos fáciles de transferir esos bienes y esa riqueza que han acumulado a su país de origen”, precisó.
“La realidad es que la gente no se va a ir voluntariamente, sino que esta administración va a tener que arrestarlos primero y luego empezar el proceso de deportación”, anticipó Núñez.
EMPIEZAN LOS DESPIDOS
Varios centros de trabajo ya no aceptan a los trabajadores con TPS.
Ante una serie de denuncias sobre listas de personal con TPS al que se les cierra las puertas en centros de trabajo del área, Abel Núñez confirmó “esa desdichada situación”.
“Eso pasa con muchos municipios –que dan las licencias- y empleadores, quienes no aceptan la publicación en el Registro Federal y necesitan ver el documento vigente”, dijo.
“Cuando ven que el documento ya está vencido, aunque Inmigración ha dicho que todavía es válido, no lo quieren aceptar”, lamentó.
“Dicen que no se quieren meter en problemas y por su cuenta los despiden –prosiguió-; es una situación muy triste porque esos trabajadores, que son altamente calificados, no tienen ningún documento que mostrar ya que el permiso de trabajo se les ha vencido”.
