Maryland indemniza a cuatro ciudadanos
Jossmar Castillo
Washington Hispanic
El gobernador de Maryland, Larry Hogan, se acogió a un acuerdo en el que el estado deberá pagar más de 60 mil dólares a cuatro ciudadanos, después de que la Unión Estadounidense para los Derechos Civiles (ACLU, en inglés), lo demandara por supuestamente violar la libertad de expresión.
James Laurenson, un residente de Maryland, dijo que en 2015 mostró su descontento con el gobernador de Maryland en la página oficial del gobernador en la red social facebook. Tiempo después se encontró con la sorpresa de que su comentario había sido borrado, mientras que su acceso al Facebook del gobernador fue bloqueado.
La ACLU recogió otros tres casos similares y decidieron ir contra la administración de Hogan por limitar la libertad de expresión de las personas que lo eligieron y a los que representa.
La ACLU también anunció el acuerdo como una «victoria de los derechos de libertad de expresión de los electores que desean discrepar respetuosamente» con el gobernador.
Como resultado del acuerdo el estado de Maryland se comprometió a pagar 65 mil dólares a los cuatro demandantes, así como a reescribir las políticas alrededor de las redes sociales del gobierno y su interacción con los constituyentes.
«Nos complace que ACLU haya decidido abandonar esta demanda frívola y políticamente motivada y llegar a un acuerdo con el estado», dijo una portavoz de Hogan, Shareese DeLeaver Churchill.
Se contabiliza que desde que asumió la gubernatura, la administración de Hogan se encargó de bloquear a unas 450 personas de la cuenta oficial del gobernador en Facebook, que llega a los casi 300 mil seguidores.
Allegados a la administración dijeron que la mitad de los bloqueados mostraban sus puntos de vista con un lenguaje grosero, por lo que fueron considerados como inaceptables. El resto fueron bloqueados por comentarios que surgieron por los disturbios de Baltimore en 2014, y por la prohibición de viajeros que implementó la administración de Trump.
En el Distrito de Columbia, la alcaldesa Muriel Bowser le llamó la atención al jefe de policía de la ciudad, Peter Newsham, cuando éste bloqueó a algunos usuarios en Twitter. Newsham dijo que en sus redes sociales quería propagar nada más que positivismo y si esto no era posible, evaluaría cerrar su cuenta.
El mismo presidente, Donald Trump, no escapa de esta situación. A mediados del año pasado una institución de la Universidad de Columbia y siete personas más presentaron una demanda a nivel federal tras ser bloqueados por el mandatario en su cuenta de Twitter.
El gobierno ha argumentado que la cuenta de Trump es personal, por lo que tiene derecho a bloquear a los usuarios.
