La elección de algunos inmigrantes: hambre o deportación
Washington Hispanic
AP
osa le da una o dos galletas en el desayuno a su hija adolescente y solo compra fruta si está rebajada. En su casa ya no hay la leche de almendras que le sienta mejor ni el salmón que tanto les gusta a sus hijas.
La inmigrante mexicana de 52 años dice que ella, sus dos hijas y el nieto con los que comparte un pequeño apartamento, comen peor desde que en enero canceló los cupones de alimentos que recibía del gobierno.
“Lo hice por miedo”, dijo Rosa, quien prefiere no dar su apellido por temor a las autoridades migratorias. “Yo no tengo papeles. Pensé, ‘no me vayan a agarrar´”. Tantos sus hijas como su nieto son estadounidenses.
Los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos no tienen derecho a casi ningún tipo de asistencia pública, pero pueden pedirla a través de sus hijos nacidos en el país. Aun así, deben dar datos personales.
Es por eso que extranjeros que apenas pueden pagar el alquiler ahora lo piensan dos veces antes de inscribirse en programas de asistencia pública por miedo a quedar bajo el radar de la administración de Donald Trump, que ha amenazado con deportaciones masivas.
En varias partes del país, grupos que ofrecen cupones de alimentos financiados por el gobierno aseguran que el número de personas a las que ayudan ha disminuido debido a que los inmigrantes no renuevan su cuenta, la cancelan o directamente ya no solicitan la asistencia. Y esto incluye a personas con autorización para vivir en Estados Unidos que temen quedar expuestas y ver afectadas sus solicitudes de residencia o de ciudadanía.
“Esto significa menos alimentos en la mesa, menos comidas en las casas de chicos que tienen derechos (a recibir los beneficios) porque son ciudadanos estadounidenses”, expresó Andrew Hammond, abogado del Sargent Shriver National Center on Poverty Law de Chicago.
Los cupones de comida son distribuidos por un plan del gobierno nacional llamado Supplemental Nutrition Assistance Program, el más importante de los más de una decena de programas alimenticios que ofrecen las autoridades. SNAP, como se lo conoce en inglés, otorga un promedio de 125 dólares al mes a estadounidenses o residentes legales de bajo recursos.
La ayuda puede ser considerable: en familias con cuatro niños estadounidenses puede representar hasta 649 dólares mensuales.
En febrero, el último mes con información disponible, 42,3 millones de personas participaron en SNAP, 2,5 millones menos que en el mismo mes de 2016, de acuerdo con el Departamento de Agricultura, encargado de administrar el plan. Las estadísticas no ofrecen detalles sobre cuántos eran inmigrantes.
Según expertos, el miedo aumentó cuando Trump ganó las elecciones presidenciales en noviembre y se acentuó con los arrestos de principios de año realizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, más conocido como ICE, en ciudades como Nueva York, Atlanta y Chicago. Los arrestos de inmigrantes que estarían ilegalmente en el país se incrementaron casi un 40% en los primeros 100 días del gobierno de Trump al compararlos con el mismo período del año anterior.
ICE dijo que cerca del 75% de las personas arrestadas habían sido condenadas por delitos criminales. Pero también indicó que hubo un aumento de más del 150% de personas arrestadas que no cometieron delitos criminales.
A Rosa le entró miedo cuando una de sus hijas le recomendó dejar los cupones porque había oído en televisión que se deportaría a quienes usaban ayuda pública, un rumor alimentado por filtración de un documento del gobierno que proponía denegar la admisión al país de cualquier extranjero con posibilidades de convertirse en una carga pública e identificar y expulsar a los que lo fueran y además tuvieran órdenes de deportación.
María Rodríguez, encargada de asuntos comunitarios del Manna Food Center de Maryland, comentó que en abril de 2016 había recibido 120 solicitudes para el programa. El mismo mes de este año sólo recibió 38 y 12 familias le pidieron que las sacara del plan.
“La gente me dice ‘yo le firmo en cualquier lado para que me quite de los servicios’. En lugar de renovar o pedir servicios, la gente viene a cerrar”, dijo Rodríguez. “’Vamos a comer lo que podamos’, me dicen”.
Un portavoz del Departamento de Agricultura señaló que sólo los ciudadanos y algunos extranjeros que residen legalmente en el país son elegibles y dijo que las autoridades se esfuerzan por hacer que el programa sea accesible a todos los que cumplen con los requisitos, incluidos los hijos estadounidenses de inmigrantes sin permiso.
Aun así, los inmigrantes temen que esa información sea compartida con las autoridades de migración a pesar de que existen políticas de privacidad.
Janet, una hondureña de 29 años que vive en Maryland y que pidió mantener su apellido en el anonimato porque no tiene residencia legal, resolvió no renovar el beneficio que recibió durante seis meses cuando se le venció en enero.
“Tenemos miedo a la deportación”, dijo la madre soltera, que ha tenido que compensar los 150 dólares mensuales que recibía limpiando casas los fines de semana, para que no le falte comida a su pequeña de cinco años. La inmigrante, que llegó al país hace seis años y en la semana trabaja como telefonista de una agencia de turismo, paga 450 dólares de renta por un cuarto en una casa de familia, en la que comparte el baño y la cocina con otros inquilinos.
En el sur del Bronx, Jairo Guzmán ve ese mismo miedo. El presidente de la Mexican Coalition asegura que su centro tenía unas 275 personas inscritas entre enero y mayo de 2016. En el mismo periodo este año la cifra no pasó de 110.
“Vienen y nos dicen que abogados de inmigración les han recomendado salir de cualquier apoyo público. Eso es erróneo. Tratamos de educar a nuestra comunidad y decirle que eso no es cierto”, aseguró Guzmán.
La ayuda puede ser considerable: en familias con cuatro niños estadounidenses puede representar hasta 649 dólares mensuales.
En 2015, el último año con información detallada disponible debido a que los estudios son bianuales, unos 3,9 millones de niños estadounidenses con padres que no eran ciudadanos recibieron asistencia alimentaria a través de SNAP, es decir, el 8,5% del total de las 45,8 millones de personas que participaron en el programa. También lo recibieron 1,5 millón de inmigrantes que se encontraban legalmente en el país, de acuerdo con el Departamento de Agricultura.
En el Guatemalan-Maya Center de Lake Worth, en el sureste de Florida, la caída en las solicitudes de beneficios alimenticios y de salud también es evidente.
“Hay personas que dicen que no quieren aplicar… porque no quieren meterse en problemas. Dicen que pueden comprar frijoles, huevos y comer algo aunque sea poquito”, explicó Micaela Martín, la encargada del centro que trata con inmigrantes centroamericanos del área de Palm Beach.
Sin embargo, en otros lugares como en el estado de Nueva York o el condado de Orange en California, los funcionarios dicen que la cantidad de gente que usa cupones de alimentos ha bajado porque la economía ha mejorado. Wendy Aquin, de la agencia de servicios sociales del condado californiano, dijo que hace unos meses notó llamadas de personas preocupadas por el tema migratorio pero no cree que eso haya provocado que muchos dejen de solicitar la ayuda.
En Texas, en cambio, hay inmigrantes que ni siquiera acuden a actos de distribución gratuita de verduras y frutas.
Mayra Loera, del Houston Food Bank, aseguró que en los últimos meses ha visto una caída de 40% en el número de gente que acude a recoger comida en el suroeste de Houston, donde la mayoría son inmigrantes.
Hay miedo de que “ICE se presente y empiece a arrestar gente en cualquier momento”, dijo.
Stephanie Altman, directora de los programas de salud del centro Shriver de Chicago, explicó que en los 30 años que lleva en su trabajo “es la primera vez que la gente está verdaderamente considerando no solicitar o dejar” de recibir beneficios médicos y alimentarios.
Rosa, la mexicana que vive en Manhattan, no se arrepiente de su decisión. “Al menos estoy tranquila”, dijo la mujer, que está separada de su marido y que limpia casas por 8,50 dólares la hora para compensar el ingreso que perdió al retirarse de SNAP.
