Fiscales quieren proteger propinas de empleados
Jossmar Castillo
Washington Hispanic
El Estado de Virginia ha sido la más reciente jurisdicción en mostrar su oposición, a través de la oficina de la fiscalía, a la propuesta federal de eliminar una regulación que abriría la posibilidad de que los empleadores se queden con las propinas de quienes devengan salario mínimo.
La propuesta del gobierno federal acabaría con la regla establecida en 2011 bajo la administración del presidente Barack Obama. De los casi dos millones de personas que trabajan con un salario por hora en Virginia, 26 mil devengan exactamente el salario mínimo de $7.25 por hora, mientras que 57 mil están por debajo de esa cantidad.
La Ley de Estándares de Trabajo Justo (FLSA, en inglés) indica que los empleadores deben pagar el salario mínimo federal, y que los empleadores pueden hacerlo, ya pagando el salario mínimo completo, o pagando menos de esa cantidad, y cubriendo la diferencia con las propinas que los empleados se ganan durante su jornada.
Según el Departamento de Trabajo, la iniciativa busca que los meseros repartan el dinero que obtienen en propinas de clientes o otros empleados del restaurante, como los que lavan los platos y los cocineros. Quienes se oponen indican que ir en contra de la regulación ya existente iría en contra de la interprestación legal y cultural de que la propina es para los empleados que las ganan.
«Permitir que el jefe de alguien time sus propinas es casi un nivel cómico de maldad que sólo esta administración podría imaginar», dijo Mark Herring, fiscal general de Virginia, resaltando que la propuesta es injusta para aquellos trabajadores que, ya están viviendo con un presupuesto ajustado.
Un estudio elaborado por un think tank progresista llamado Economic Policy Institute, reveló que en Estados Unidos todos los empleados hacen casi seis mil millones de dólares al año, dinero que los empleadores podrían adjudicarse a la postre, por cualquier propósito, indica la fiscalía general.
Hasta el momento, la propuesta ha generado el rechazo de otros 16 fiscales generales, quienes mostraron su posición en una carta dirigida al Secretario de Trabajo, Alexander Acosta. Los fiscales de New York, Maryland, Pennsylvania y el Distrito de Columbia están entre los firmantes.
