Extienden protecciones a los inquilinos en DC
El pedido de muchos inquilinos en DC, angustiados porque el 25 de este mes se ponía fin a las protecciones contra el cobro de deudas, los desalojos y los cortes de servicios públicos, fue atendido el martes por los miembros del Concejo de la Ciudad.
Ese día, ese órgano de gobierno local votó a favor de mantener temporalmente en vigor las medidas incluidas en la moratoria por el impacto de la pandemia del COVID-19.
Al finalizar el 25 de julio la emergencia de salud pública del Distrito, volverá a entrar en vigencia la legislación de cobro de deudas. Pero Phil Mendelson, presidente del Concejo de la Ciudad señaló que esa ley fue redactada en 1971 y que, por lo tanto, no cubre las técnicas modernas, como el correo de voz, los mensajes de texto y el correo electrónico. Tampoco cubre la deuda de la tarjeta de crédito ni la deuda médica, dijo Mendelson, la última de las cuales se ha disparado en el Distrito y en todo el país a consecuencia de la pandemia.
La nueva legislación aprobada no permitirá que los cobradores llamen a un cliente en particular más de tres veces en un período de siete días (una protección que ya existe pero que se expandiría a todo tipo de deudas), o que comuniquen cualquier información sobre la deuda de una persona a sus empleadores o a los miembros de la familia.
El proyecto también eliminaría la capacidad de los acreedores de hacer que los consumidores sean encarcelados por desacato al tribunal si no se presentan a un procedimiento y también prohibiría a los cobradores amenazar con tomar acciones que en realidad no pueden tomar, ni amenazar a los descendientes de un deudor que ha fallecido.
Karl Racine, fiscal general de DC, presentó la iniciativa junto con Mendelson y dijo que “al aprobar esta legislación que se necesita con urgencia, el Consejo se asegura de que los residentes del Distrito estén protegidos de prácticas abusivas, injustas y engañosas de cobro de deudas durante este tiempo crítico”.
El consejo también votó para aprobar un proyecto de ley que protege a los inquilinos y clientes de servicios públicos que aun pasan por dificultades económicas derivadas de la pandemia.
Si bien los propietarios de edificios pueden emitir avisos de falta de pago del alquiler inmediatamente después del final de la emergencia de salud pública, los procedimientos de desalojo no pueden comenzar hasta el 12 de octubre. Además, las citaciones judiciales deben emitirse con 30 días de anticipación, a partir de los siete actuales.
También deben notificar el monto del alquiler adeudado y también notificar a los inquilinos que pueden solicitar ayuda a través del programa STAY DC, que proporciona fondos para pagar hasta 12 meses de alquiler vencido y hasta tres meses de alquiler futuro. Asimismo, cubre los atrasos en el pago de de servicios públicos para inquilinos que cumplen con los requisitos federales de elegibilidad e ingresos.
Los propietarios también pueden presentar una solicitud en nombre de los inquilinos, con su consentimiento, y los inquilinos no pueden ser desalojados si han presentado solicitudes dentro de los 60 días posteriores a la recepción del aviso de alquiler atrasado.
Por otro lado, los aumentos de alquiler estarán prohibidos hasta el 31 de diciembre.
En lo que se refiere a las empresas de servicios públicos éstas no pueden desconectar el servicio a un cliente si deben menos de $600, si están cumpliendo con un plan de pago o si reciben beneficios de SNAP o TANF.
Si bien varios miembros del Concejo de la Ciudad tienen reservas sobre el proyecto de ley, estuvieron de acuerdo en que es un paso en la dirección correcta y que los inquilinos necesitan más tiempo para solicitar asistencia.
Ambos proyectos de ley son medidas de emergencia y fueron aprobados por unanimidad.
