Demanda dice que Virginia está eliminando ilegalmente a votantes legítimos de las listas
Una coalición de grupos en defensa de los derechos de los inmigrantes y la Liga de Mujeres Votantes de Virginia presentaron una demanda federal acusando al gobernador republicano Glenn Youngkin y al fiscal general Jason Miyares de llevar a cabo una “purga” de los padrones electorales que privará de sus derechos a los votantes legítimos.
La demanda, presentada el lunes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Alexandria, argumenta que una orden ejecutiva emitida en agosto por Youngkin que requiere actualizaciones diarias de las listas de votantes para eliminar a los votantes no elegibles viola una ley federal que requiere un «período de silencio» de 90 días antes de las elecciones sobre el mantenimiento de las listas de votantes.
El período de silencio existe para evitar eliminaciones erróneas, afirma la demanda. La política de Virginia de utilizar datos del Departamento de Vehículos Motorizados para determinar la ciudadanía y la elegibilidad de un votante seguramente privará de sus derechos a los votantes legítimos, alega la demanda, porque los datos del DMV a menudo son inexactos o están desactualizados.
“El Programa de Depuración de los Demandados está lejos de ser un esfuerzo de mantenimiento de listas bien diseñado y bien intencionado. Es un programa ilegal, discriminatorio y plagado de errores que ha ordenado la cancelación de registros de votantes de ciudadanos estadounidenses naturalizados y pone en peligro los derechos de innumerables personas más”, afirma la demanda.
Los ciudadanos inmigrantes corren un riesgo particular, afirma la demanda, porque pueden obtener una licencia de conducir como residentes permanentes legales, refugiados o solicitantes de asilo y luego convertirse en ciudadanos naturalizados. Pero los datos del Departamento de Vehículos Motorizados seguirán indicando a esa persona como no ciudadana.
Christian Martínez, portavoz de Youngkin, dijo que Virginia está cumpliendo con la ley estatal y federal.
“Cada paso del proceso de mantenimiento de listas establecido es obligatorio por ley de Virginia y comienza después de que una persona indica que no es ciudadana. El DMV tiene la obligación por ley de enviar información sobre las personas que indican que no son ciudadanas en las transacciones del DMV a (la oficina electoral estatal)”, dijo. “Cualquiera que difunda información errónea al respecto está ignorando la ley de Virginia o está tratando de socavarla porque quiere que los no ciudadanos voten”.
Shaun Kenney, portavoz del fiscal general, dijo en una respuesta enviada por correo electrónico: “Confiamos en la posición que ha tomado el Departamento de Elecciones y estamos listos para defenderla”.
No está claro cuántos votantes han sido eliminados como resultado de la orden ejecutiva. La demanda alega que el Departamento de Elecciones de Virginia se ha negado a proporcionar datos sobre sus esfuerzos. La orden ejecutiva de Youngkin afirma que Virginia eliminó a 6.303 votantes de las listas entre enero de 2022 y julio de 2023 por cuestiones de ciudadanía.
A nivel local, la demanda cita evidencia anecdótica de que las juntas del condado eliminaron a votantes desde que se emitió la orden ejecutiva de Youngkin y dentro del período de silencio de 90 días requerido por la ley federal. En el condado de Fairfax, la jurisdicción más poblada del estado, las actas de la reunión de agosto de la junta electoral muestran que se eliminó a 49 votantes.
Según las actas, la oficina electoral recibió datos sobre 66 votantes que probablemente no eran ciudadanos. Los datos procedían tanto de la oficina electoral estatal como de un “Grupo de trabajo sobre integridad electoral” afiliado al Comité Republicano del condado de Fairfax. El registrador del condado dijo que la oficina electoral envió avisos a los 66 votantes y les dio 14 días para verificar su ciudadanía y elegibilidad. De ellos, 17 respondieron y se mantuvieron en las listas. Los otros 49 fueron eliminados y sus nombres se enviaron al fiscal del estado y a la oficina del fiscal general de Virginia para un posible procesamiento.
La demanda dice que las eliminaciones de Fairfax, así como otras acciones locales, muestran que los votantes legítimos están siendo eliminados indebidamente si no responden dentro del plazo de 14 días que se les proporciona.
Orion Danjuma, abogado de The Protect Democracy Project, uno de los grupos legales que presentó la demanda en nombre de los demandantes, dijo que lo que está ocurriendo en Virginia es parte de un esfuerzo nacional de los partidarios del expresidente Donald Trump para sembrar dudas sobre la integridad de las elecciones y deslegitimar los resultados si Trump pierde en noviembre.
“Los aliados del expresidente están promoviendo una narrativa falsa”, afirmó. “Y para lograrlo están poniendo en riesgo el derecho al voto de todos los ciudadanos”.
La demanda pide a un juez que prohíba al estado eliminar votantes bajo lo que describe como el «programa de purga» del estado, y que restaure a las listas de votantes a aquellos que han sido eliminados como resultado de ello.
Todavía no se ha programado una audiencia sobre esta solicitud.
