Concejal Brianne Nadeau exige fin a las redadas en DC
Víctor Caycho
Washington Hispanic
l Distrito de Columbia (DC) tiene el compromiso de acoger y proteger a los inmigrantes que residen en la ciudad capital de la nación y, por lo tanto, las redadas dirigidas este año por las autoridades federales contra niños y sus familias “deben terminar inmediatamente”.
Esta exigencia está contenida en una resolución legislativa presentada ante el gobierno local de DC por la concejal demócrata Brianne K. Nadeau, de la Zona 1, a principios de esta semana.
La funcionaria electa –quien representa una jurisdicción que incluye la populosa área de Adams Morgan donde vive un alto porcentaje de familias hispanas-, denunció en el documento que sólo este año las autoridades federales de inmigración “condujeron extensas redadas en las que arrestaron a más de 400 madres, niños y jóvenes que cruzaron la frontera sur desde 2014”.
La resolución detalla la crisis humanitaria existente en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, que obliga a muchas personas a emigrar a Estados Unidos. Asimismo, da cuenta que entre enero de 2014 y diciembre de 2015, alrededor de 83 migrantes deportados a esos países del Triángulo Norte fueron asesinados luego de su retorno. Líderes de organizaciones comunitarias felicitaron a la concejal Nadeau “por enviar un mensaje claro al gobierno federal que nuestras familias necesitan protección en vez de deportación”, tal como señaló el director ejecutivo de CARECEN, Abel Núñez.
La legislación deberá contemplarse primero en audiencias públicas y luego será puesta a votación de los miembros del Concejo.
Brianne K. Nadeau, concejal demócrata por la Zona 1 del Distrito, pide terminar con las redadas, “porque atentan injustamente contra la seguridad, el bienestar y los derechos humanos de los migrantes en el Distrito de Columbia”. Foto: Álvaro Ortiz / Washington Hispanic
Una resolución legislativa en la que pide que la ciudad capital de la nación cumpla su compromiso de acoger y proteger a los inmigrantes, en especial a los refugiados que llegaron por la frontera sur desde Guatemala, Honduras y El Salvador huyendo de la violencia y de las pandillas delincuenciales, presentó el martes 5 de abril la concejal demócrata Brianne K. Nadeau, de la Zona 1 de DC.
El documento será visto en audiencia pública y luego sometido al voto aprobatorio de los miembros del Concejo de la ciudad en las próximas semanas.
En cuanto sea aprobada, el Concejo debe transmitir una copia de esta resolución al presidente Barack Obama y a la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser.
La legislación surtirá efecto inmediato en la primera fecha de publicación en el Registro del Distrito de Columbia.
Tras denunciar la serie de redadas efectuadas en el área metropolitana de Washington DC por las autoridades federales de inmigración, Nadeau exige “el fin de la victimización de jóvenes y familias refugiados de Centroamérica”.
“Niños y familias inmigrantes que han llegado huyendo de condiciones inseguras no deben ser obligados a regresar en esas mismas condiciones”, afirmó.
“Como oficial elegida que representa la zona más diversa del la ciudad, yo me comprometo a asegurar que DC defienda los valores que nos hacen una comunidad acogedora y segura para todos”, indicó Nadeau.
“Exijo a los oficiales federales de inmigración que pongan fin a estas redadas que amenazan la seguridad y el bienestar de los refugiados y los inmigrantes”, enfatizó.
La resolución denuncia que desde inicios del 2016, “autoridades federales de inmigración condujeron extensas redadas para arrestar a más de 400 madres, niños y jóvenes que cruzaron la frontera sur desde el 2014”.
Recuerda asimismo que “el Distrito se ha comprometido a proteger a los niños y las familias, y a tratar a los migrantes como miembros plenos de la comunidad, a través de la provisión de licencias de conducir e identificación fotográfica a los residentes que no pueden documentar su estatus legal, lo cual les permite ir a trabajar, acceder a servicios y participar en la sociedad”.
“Es el sentir del Concejo –añade- que las redadas de deportación dirigidas a jóvenes y familias refugiados de Centroamérica atentan injustamente contra la seguridad, el bienestar y los derechos humanos de los migrantes en el Distrito de Columbia y en otras ciudades, y deben terminar inmediatamente”.