Atención prenatal a mujeres indocumentadas en Virginia

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Víctor Caycho

Washington Hispanic

 

Después de un amplio debate, la Asamblea General de Virginia aprobó una enmienda en el presupuesto estatal en la que se garantiza que las mujeres indocumentadas puedan acceder a la atención prenatal.

La delegada estatal Elizabeth Guzmán, quien patrocinó la legislación, dijo que esta iniciativa permitirá a unas 7 mil gestantes y madres “sin papeles” gozar de la atención prenatal a través de FAMIS, el programa de seguro médico para niños de Virginia.

FAMIS cubre toda la atención médica que requieren esos menores desde la gestación y luego como recién nacidos y durante su crecimiento.

Ambas cámaras del Capitolio de Richmond aprobaron la legislación “para extender la dignidad de una tarjeta de identificación emitida por el estado a la comunidad indocumentada”, destacó la delegada.

El proyecto de ley de identificación ya se envió a la oficina del gobernador Ralph Northam, para su promulgación.

Estudios de investigación han determinado que las mujeres indocumentadas son más propensas a no contar con los cuidados prenatales, a sufrir complicaciones durante el parto y a que sus bebés nazcan con poco peso y de forma prematura.

Hasta antes de ser aprobada la enmienda presupuestal el acceso era sólo para mujeres ciudadanas o residentes permanentes que necesitaban atención de salud para sus hijos.

“La atención sanitaria es un derecho humano, y estoy muy feliz porque Virginia permita a las mujeres acceder a la atención prenatal independientemente de su estatus migratorio”, declaró la delegada Guzmán, quien es la primera inmigrante hispana elegida para la Asamblea General estatal.

“Muchas de estas mujeres son trabajadoras esenciales que han mantenido el país en funcionamiento durante la pandemia”, dijo Guzmán, quien es nacida en Perú.

“Quiero que ellas sepan que se las valora y que deben recibir atención médica antes de dar a luz”. añadió.

Consideró que la enmienda presupuestaria “realmente ahorrará dinero a Virginia, por lo que se trata de una medida de sentido común”.

Al respecto, dijo que según los Servicios de Información Legislativa (LIS), la prestación de estos servicios supondrá un ahorro de casi 2 millones 300 mil dólares para el fondo general y la recepción de unos 7 millones 253 mil dólares de fondos federales de contrapartida para el programa CHIP, que tiene una tasa de contrapartida federal más alta que el programa Medicaid.

Guzmán también expresó su agradecimiento a los miembros del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes y del Comité de Finanzas y Asignaciones del Senado, por haber incluido dicha medida en sus presupuestos.

“Asimismo, conté con el apoyo del Centro Interreligioso de Políticas Públicas de Virginia, que trabajó con nuestra oficina en este tema durante múltiples sesiones legislativas”, reveló.

Guzmán es trabajadora social, administradora pública y representa al Distrito 31 en la Cámara de Delegados, que incluye partes de los condados de Prince William y Fauquier. Actualmente ejerce la presidencia del subcomité de Servicios Sociales y la vicepresidencia del comité de Educación en su hemiciclo.