Aisha Braveboy impulsa reformas al sistema de justicia en PG
Jossmar Castillo
Washington Hispanic
Aisha Braveboy, se hizo un nombre en Annapolis como delegada estatal para el Distrito 25. Desde allí persiguió reformas al sistema de justicia para responder a lo que ella consideraba eran necesarias dada la realidad. Catorce años después las reformas al sistema de justicia siguen siendo su prioridad, pero ahora desde otro puesto público, nada menos que el de fiscal estatal para el condado de Prince George’s.
“Cuando tuve una oportunidad de ver a dónde quería estar en el futuro, me ví más en un rol administrativo más que legislativo. Disfruté mucho trabajar como legisladora, pero también quería ayudar a implementar las cosas en las que estaba trabajando”, dijo Braveboy, quien a principios de este mes cumplió su primer aniversario en el puesto.
De acuerdo con Braveboy, las reformas se hacen necesarias, toda vez que permitirá la existencia de un sistema más justo para diferentes sectores de la sociedad que a su juicio resultan perjudicados por los modelos actuales.Entre estas iniciativas se destacan la creación de programas que mantengan a los jóvenes infractores fuera de las cárceles.
“He trabajado para darle a nuestros jóvenes una segunda oportunidad y ayudarles a evitar el estigma de tener un récord juvenil que lo mantenga sujeto a alguna consecuencia colateral”, mencionó la abogada de 45 años, quien fue electa con una abrumadora mayoría para reemplazar a la actual ejecutiva del condado, Angela Alsobrooks.
Aunque la última palabra cuando se trata de sentencias la tienen los jueces, la fiscal quiere poner las opciones consejería, tratamiento por abuso de drogas, expertos en salud mental en el tapete para que sean utilizadas cuando los jueces consideren que el caso lo amerite. Algo similar quiere implementar para tratar a las personas que han sido obligadas a la prostitución o han sido víctimas de tráfico humano.
Pero las reformas que impulsa la fiscal no sólo se enfocan en los jóvenes, sino en brindar clausura a las familias de víctimas de homicidios involuntarios con vehículos a motor, al agilizar el tiempo de formulación de cargos. Lo que antes tomaba de ocho a diez meses para formular cargos contra los sospechosos, su oficina logró hacerlo en menos de 30 días en el caso de la familia Mejía, quienes perdieron a sus tres hijos en un accidente a finales del 2018, cuando un borracho impactó el vehículo en el que viajaban. Thomas Hawks se declaró culpable.
“Sabemos que lamentablemente una convicción no les devolverá sus hijos a la familia Mejía, pero al menos sana un poco la herida que esta tragedia les dejó”, comentó Braveboy.
El caso los Mejía no ha sido el único de alto perfil que ha visto su oficina durante apenas el primer año, ni tampoco el último en el que ha visto que hay cabida para mejoras en el sistema de justicia.
La fiscal Braveboy anunció que busca que la Asamblea General de Maryland modifique el estatuto que define a los crímenes de odio y los elementos necesarios para probar su existencia. La movida surgió luego de que un juez desestimó los cargos de crimen de odio contra Sean Urbanski, tras haber asesinado a Richard Collins III. Urbanski es blanco y Collins III, negro. Para que un delito sea considerado un crimen de odio, la fiscalía debe probar que este es el único motivo que generó la ofensa.
“No estuve de acuerdo con la decisión, aunque la respeto. Eso me dijo que tal vez necesitamos un poco más de claridad en la ley”, señaló Braveboy, quien dijo que entablará conversaciones con delegados y senadores, y que espera el apoyo de líderes locales.
Denuncie los delitos
De los crímenes que se llevan a cabo, la comunidad hispana ha tenido que lidiar con un problema directo: las pandillas que tratan de sembrar el terror y reclutar a menores del área para que se conviertan en el brazo ejecutor de las ofensas. Pero la fiscal quiere contraatacar reclutando a la comunidad para que se conviertan en aliados de su oficina, y que denuncien sin temor si han sido víctimas de un delito, sin temor de que se les vaya a reclamar sobre su estatus migratorio.
“Algo que quiero asegurarme es que no averiguamos sobre el estatus migratorio, no coordinamos ni cooperamos con ICE con respecto a nuestras víctimas. Sólo queremos saber si es una víctima, y si lo és, queremos que se le haga justicia”, aclaró Braveboy.
Se ha hablado del interés de la fiscal por perseguir una posición como ejecutiva si Angela Alsobrooks busca ser gobernadora en 2022, pero Braveboy sentenció que tiene mucho por hacer en su posición actual, y que seguirá como fiscal hasta que el electorado se lo permita.
