Perú busca atraer como nuevos policías a exsoldados y a jóvenes que no estudian ni trabajan
Ante la falta de más de 50.000 policías, el gobierno de Perú anunció el lunes que presentó un proyecto legislativo al Parlamento para crear una nueva categoría policial que permita incorporar a exsoldados y a a jóvenes que no estudian ni trabajan a la labor de cuidar el orden público.
Los eventuales agentes de una nueva categoría llamada “del orden y la seguridad” estudiarán un año —a diferencia de los tres años de los suboficiales y los cinco años de los oficiales—, tendrán contratos por tres años renovables, portarán armas de fuego, pero no podrán investigar o realizar tareas administrativas.
El primer ministro, Alberto Otárola, dijo a la prensa que “la violencia y la inseguridad no va a esperar que nosotros nos durmamos en nuestros laureles” y que el proyecto legislativo del gobierno busca «reclutar con mayor facilidad a los jóvenes que han salido del servicio militar o aquellos que están bajo el problema de los ninis: los chicos que ni estudian ni trabajan”.
El ministro del Interior indicó que Perú cuenta con 132.000 policías, pero que entre 2002 y 2022 se retiraron 52.000 agentes de la institución por lo que se necesitan reemplazos. “Ha habido un descuido, no le han dado atención necesaria en otros gobiernos”, dijo.
Según datos oficiales unos 7.000 jóvenes culminan cada año su servicio militar voluntario en el Ejército, la Armada y la Aviación. Además hay 1,5 millón de peruanos de entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan ni están recibiendo capacitación laboral.
“Esta gran masa de jóvenes que salen, a veces no tienen trabajo y lo podemos captar… En la calle necesitamos gente con buena aptitud física”, dijo a la televisora América el ministro del Interior, Vicente Romero, en referencia a los licenciados que culminan su servicio militar voluntario tras dos años.
Expertos afirman que, bajo la justificación de luchar contra la delincuencia y controlar el orden público, se abrirían las puertas para lanzar a las calles a miles de jóvenes con armas de fuego, con escasa preparación previa y con el poder legal para detener a eventuales manifestantes.
Juan José Quispe —especialista en derecho penal del Instituto de Defensa Legal, organización que promueve la defensa de los derechos humanos— dijo a The Associated Press que el proyecto podría convertirse en “una ley de impunidad” porque no establece una cadena de responsabilidad desde el presidente, los ministros y jefes policiales por las acciones de los integrantes de esta nueva policía.
“No habrá una responsabilidad penal de autoría mediata”, añadió Quispe.
Diversas manifestaciones se iniciaron el 7 de diciembre, cuando Boluarte asumió el poder para reemplazar al entonces mandatario Pedro Castillo, quien fue destituido por el Parlamento luego que Castillo buscó sin éxito disolver el Congreso. Las protestas, que piden la renuncia de Boluarte y de los 130 legisladores, disminuyeron en febrero dejando 67 muertos.
La semana pasada las protestas se reactivaron en el sur y en Lima, incluso cuando la mandataria brindaba el viernes su mensaje por la fiesta nacional.
Otros expertos también han hallado deficiencias en cómo poder fiscalizar posibles actos de corrupción y sancionar a los posibles nuevos agentes porque su cargo apenas dura tres años y no están incluidos dentro de la ley policial.
“Es un paliativo pero no logrará disminuir los delitos de sicariato, extorsiones, organizaciones criminales, de trata de personas”, dijo el abogado Quispe.
