Nueva ola de denuncias de nepotismo afecta a Uruguay
AP
Washington Hispanic
A Mauricio Ardús, vicepresidente de los servicios de salud de Uruguay, le cayó tan bien la novia de su hijo que la llevó a trabajar a su oficina como secretaria y le asignó un salario mensual equivalente a unos 1.800 dólares. La chica tiene solo 18 años y un gran futuro por delante.
El presidente Tabaré Vázquez destituyó a Ardús 48 horas después de que se conociera la noticia y junto con él Vázquez también despidió a la presidenta del organismo, Susana Muñiz, cuya administración llevaba meses soportando denuncias de corrupción.
Una semana después, el diario El Observador informó que el consuegro del presidente es uno de sus choferes y ha integrado delegaciones presidenciales que han viajado al extranjero.
Vázquez —cuyo hermano además es viceministro del Interior— se justificó diciendo que el padre de la esposa de uno de sus hijos obtuvo las mejores calificaciones para el empleo y que cuando él viaja en auto suele atender llamadas telefónicas importantes, por lo cual necesita un chofer de confianza.
Los casos forman parte de una sucesión de denuncias de nepotismo, mayor a cualquier otra que se recuerda en las últimas décadas, que alcanza tanto a políticos de la coalición de izquierda gobernante Frente Amplio como del principal opositor, el Partido Nacional. Tales revelaciones han provocado irritación popular y un sinfín de comentarios en redes sociales.
El nepotismo en Uruguay no es nuevo ni está en su peor momento, opina el politólogo Daniel Chasquetti. El académico recuerda que medio siglo atrás cada nuevo gobierno hacía ingresar al Estado a sus militantes. “Lo que sí es nuevo es una sensibilidad que antes no existía y que es muy buena para la democracia: la gente está clamando porque los principios meritocráticos sean universales y alcancen a todas las reparticiones. Hoy la población está informada y opinando de modo permanente. El sistema político tiene que adaptarse a esto”.
Chasquetti dice que aún existen organismos estatales, como la Corte Electoral, donde nunca se contrata a un funcionario que no sea propuesto por un partido político. Y en el Poder Judicial, una parte de los cargos se reparte entre familiares de jueces y ministros.
La ola de denuncias sobre nepotismo comenzó semanas atrás, cuando Telemundo denunció que el alcalde del departamento de Artigas, Pablo Caram, tiene siete integrantes de su familia contratados como “cargos de confianza”, incluyendo a su pareja, una sobrina y varios primos.
Caram pertenece al Partido Nacional.
Después se supo que la intendenta del departamento de Lavalleja, Adriana Peña, había designado a su hermano como jefe de prensa interino de su gobierno. Peña ya había desatado una tormenta política poco antes al pretender que el Legislativo departamental votara un aumento salarial a varios funcionarios de su confianza, entre ellos su pareja.
Como Peña y Caram integran el Partido Nacional muchos en el oficialismo aprovecharon para criticar el nepotismo de las administraciones que gobierna la oposición. Sin embargo, no demoró en aparecer el caso de la nuera de Ardús y de este modo el gobierno también quedó atrapado en las acusaciones que alcanzaron al presidente.
Empeorando la situación, Vázquez nombró como sucesor de la destituida Susana Muñiz a Marcos Carámbula, quien antes fue alcalde del departamento de Canelones. Al darse a conocer la designación, las redes sociales estallaron con recuerdos de los parientes que Carámbula contrató cuando gobernó Canelones (2005-2015).
“Lo que se dice es cierto. Carámbula contrató a su hermano, a sobrinos, otros familiares y también a la esposa de un ministro”, dijo Oscar Rodríguez, dirigente del sindicato de empleados municipales de Canelones.
Carámbula, lo mismo que Caram, se justificó señalando que sus familiares eran personas muy capacitadas para los cargos. En una entrevista radial Adriana Peña sumó un nuevo argumento: los familiares no son sobornables.
La Junta de Transparencia y Ética Pública, un organismo oficial anticorrupción, reaccionó con un duro comunicado en el cual exhortó a los políticos a terminar con las prácticas nepotistas: “No es aceptable argumentar que ‘estas cosas siempre pasaron’… Hoy estas conductas resultan inaceptables para la inmensa mayoría de los uruguayos”.
A pesar de esto, Caram anunció que mantendrá a su parentela en los cargos que ocupan.
Por su parte, el presidente dijo que planteará el caso de su consuegro-chofer a la Junta de Transparencia y que si ésta determina que debe despedirlo, lo hará.
El canciller Rodolfo Nin Novoa, mientras tanto, afirmó indignado que tanto las denuncias que recaen sobre el oficialismo como sobre la oposición son “parte de un discurso antisistema” y “una cosa muy embromada”.
“¡Qué tiene que ver el consuegro del presidente con el nepotismo! ¡Por favor!”, dijo Nin Novoa a radio Carve, reafirmando que los políticos tienen derecho a designar en los puestos de confianza a quien mejor les parezca.
Muchos de los casos denunciados violan un decreto del Poder Ejecutivo de 2003 que prohíbe que actúen dentro de la misma repartición estatal funcionarios vinculados “con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguineidad o afinidad o por ser su cónyuge”.
El senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, sostiene que el decreto se incumple porque tiene algunas debilidades: “Algunos esgrimen que no alcanza a las intendencias departamentales y a los otros poderes del Estado. Y está muy acotado a familiares que trabajan en una misma repartición”.
Por eso Bordaberry presentó un proyecto más tajante que extiende la imposibilidad de contratar parientes a todo el Estado y prohíbe que ingresen, salvo que sea por concurso, familiares de hasta cuarto grado de consanguineidad, cónyuges y parejas del presidente, ministros, viceministros, legisladores, intendentes, directores de empresas públicas y un largo etcétera.
El politólogo Conrado Ramos es experto en administración pública y fue subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto entre 2007 y 2010, cuando renunció porque no encontró respaldo del gobierno del presidente José Mujica para reformar la estructura del Estado.
Para el exfuncionario, Uruguay es un país mal gestionado. “Tenemos un atraso enorme porque no se enseña gestión en las universidades. Hay un dominio del saber jurídico y contable por sobre los temas de eficiencia en la gestión. Hay mucho desconocimiento. No es como en Chile o Brasil, donde hay burocracias y una academia muy potente que presiona para este tipo de reformas”.
Un asunto que preocupa a Ramos es que muchos sectores políticos obligan a sus militantes a donar una parte importante de su sueldo cuando acceden a cargos de gobierno. “Colocan gente en el Estado porque así consiguen plata”, dijo.
El tema no afecta sólo a Uruguay. El presidente argentino Mauricio Macri firmó semanas atrás un decreto según el cual ningún ministro podrá tener familiares en la administración pública. Tal resolución fue tomada luego de que se supiera que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tenía a su esposa, dos hermanas y un cuñado ocupando puestos en el gobierno.
En los hechos, el decreto de Macri tuvo un efecto limitado y no más de una decena de familiares de funcionarios renunció a algún cargo público. Sin embargo, no hubo un mayor impacto en la opinión pública y el tema se fue apagando con el correr de los días.
En Paraguay las denuncias de nepotismo también son frecuentes en la prensa. En 2017, María Selva Morínigo, la esposa del fiscal general Javier Díaz, consiguió colocar como funcionarios del Ministerio Público a vario sobrinos e, incluso, a una exempleada doméstica de la familia. Además, Mario Ferreiro, intendente municipal de Asunción, designó a dos sobrinos suyos como sus secretarios privados alegando que eran cargos de confianza.
Tales revelaciones han provocado indignación popular en Paraguay, pero la agenda noticiosa está centrada en las elecciones previstas para el 22 de abril.
En Uruguay, en cambio, el tema está en boca de todos y nuevas denuncias llegan a la prensa de manera cotidiana. “Contratar a un familiar siempre genera suspicacias. Si se desea eliminarlas, no se debería permitir que un jerarca contrate a un familiar en su oficina”, opinó el ingeniero Ernesto Bazzano, de 38 años.
En la redes sociales se ha hecho viral una entrevista televisiva de 12 años atrás en la cual la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, asume en tono jocoso que un “aspirante a yerno” entró a trabajar en su ministerio.
Aquella confesión no tuvo consecuencias entonces. A diferencia de Ardús, a Arismendi nadie la destituyó y aún hoy sigue en el cargo.
